Una mirada a las metodologías utilizadas para medir y gestionar la conflictividad social en Bolivia y Perú* | Julio Chumpitazi y Víctor Falconí

18:30:00


Resumen

En la actualidad, es frecuente entre los especialistas de la región andina resaltar que la conflictividad social también genera oportunidades de desarrollo a través del diálogo y la concertación, entre otras estrategias. Sin embargo, este reconocimiento teórico no necesariamente implica la implementación de metodologías rigurosas para una adecuada medición y gestión de la conflictividad social en cada país. Esto se hace especialmente evidente en los casos de Bolivia y Perú, que a pesar de contar con instituciones especializadas en el tema, se encuentran entre los 3 países latinoamericanos con mayor conflictividad registrada. El presente trabajo compara las metodologías utilizadas por cada institución (las dos más importantes de cada país), sus principales resultados y diferencias –en algunos casos enormes– a nivel de cifras, clasificaciones, definiciones de conflictividad y estrategia de gestión (tal como se expresan en los documentos de carácter público que producen: reportes, informes, infografías, mapas, entre otros.), así como el grado de dependencia de cada una frente a los Estados y gobiernos respectivos. De esta manera se ha podido establecer que, el grado de laxitud en dichos procedimientos, se encuentra en relación directa con el grado de dependencia política y económica de la institución encargada de realizar la medición frente al Estado o el Gobierno de turno.


Palabras clave: Conflictividad social, metodología, medición, gestión, Perú, Bolivia.



Introducción

La conflictividad social en los países de la región andina ha pasado de ser un tema relativamente marginal -en sus respectivas agendas públicas de la última década del siglo XX-, a convertirse en uno de los aspectos más dinámicos, resaltantes y determinantes en su respectiva política nacional desde inicios del presente siglo. Son cada vez más los especialistas que abordan este fenómeno como una oportunidad para resolver disputas generadas por las necesidades insatisfechas de una población, utilizando diversas estrategias de gestión, incluyendo el diálogo y la concertación.

Sin embargo, no en todos los casos este reconocimiento teórico implica la implementación de metodologías lo suficientemente rigurosas para garantizar una adecuada medición de la conflictividad social en cada país. Por el contrario, el grado de laxitud en dichos procedimientos parece estar en relación directa con el grado de dependencia política y económica de la institución encargada de realizar la medición frente al Estado o el gobierno de turno.

Esta correlación se hace especialmente evidente en los casos de Bolivia y Perú, que se encuentran entre los tres países latinoamericanos con mayor conflictividad registrada entre octubre del 2009 y septiembre del 2010 (PNUD, UNIR Bolivia y PAPEP, 2011) quienes comparten lazos históricos, culturales y una frontera común.

En el primer caso, el tema es abordado por la Fundación UNIR Bolivia –institución privada sin fines de lucro, financiada por la cooperación internacional–  y la Defensoría del Pueblo de Bolivia (DPB) –institución pública, financiada por el Estado Boliviano–. En el segundo caso, las más importantes son la Defensoría del Pueblo del Perú (DPP) –institución pública de carácter autónomo, financiada por la cooperación internacional y el Estado Peruano– y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros –institución pública directamente dependiente del Poder Ejecutivo y financiada por el Estado.

Estas instituciones producen documentos de carácter público (reportes, informes, infografías, mapas, entre otros) que sirven de insumos para los especialistas y funcionarios de cada país. Sin embargo, las cifras, clasificaciones y definiciones de conflictividad presentadas por cada una de ellas difieren –en algunos casos, tremendamente– de lo que presentan sus pares nacionales.

El trabajo que presentamos a continuación constituye una suerte de avance, bastante preliminar, del estudio comparativo que venimos desarrollando para intentar explicar este desfase mediante la revisión de las metodologías de análisis y gestión de conflictos utilizadas por las instituciones mencionadas, en función del grado de dependencia de cada una frente a los Estado y Gobiernos respectivos. Por esta razón nos limitaremos a tomar el periodo que va de diciembre de 2012 a junio de 2013.[1] 

Pero incluso con esta fragmentación inicial, el escaso espacio disponible en esta presentación resulta insuficiente. Por esta razón, se ha preferido enfocarnos solo en aspectos generales más importantes para hacer comprensible esta revisión inicial.

Enfoques para abordar la conflictividad

Tres lustros han transcurrido desde que inició este vertiginoso proceso, pero la mayoría de personas (desde amas de casa hasta hombres de negocios) parecen seguir percibiendo al conflicto como una amenaza para la armonía social y el desarrollo de sus respectivos países, que en algunos casos deberían confrontarse mediante tácticas represivas en el marco de una estrategia reactiva.

Desde dicha perspectiva, la armonía social es una situación inherente a las interacciones entre seres humanos, mientras que la paz y la tranquilidad serían la norma habitual de convivencia a lo largo de la historia humana, sin las cuales sería imposible la realización del hombre como sujeto social y la viabilidad económica del país; por lo tanto deben ser preservadas a toda costa. Así mismo, la causa del conflicto es unilateral, sus agentes son sujetos con problemas de adaptación a las reglas sociales, y el hecho constituye un problema que se debe resolver.

En ciencias sociales, un buen ejemplo de este tipo de enfoque lo podemos encontrar en el estructural funcionalismo sociológico y también antropológico, cuyo énfasis en la armonía, el orden estructural y la funcionalidad de sus componentes, hace que rechace cualquier tipo de elemento que no pueda ser explicada en esos términos.

Contra esta tendencia de sentido común, desde hace varias décadas diversos estudiosos han analizado el conflicto y descubierto en este fenómeno diversas aristas que rompen con esa visión reduccionista. Para Louis Coser el conflicto constituye “la lucha por los valores y por el status, el poder y los recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o sus rivales” (Coser, 1961: 8). Raimond Aron (1964) agrega como elemento importante a esta definición que la disputa se produce tanto a niveles grupales como individuales, incluyendo valores (aspectos subjetivos) considerados mutuamente incompatibles por las partes (Aron, 1964). Por su parte, Ralf Dahrendorf (1970) –en plena boga de los movimientos marxistas– manifestó que:

“Las estructuras de autoridad o dominación tanto si se trata de sociedades completas como, dentro de éstas, de determinados ámbitos institucionales (p. ej., la industria), constituyen, dentro de la teoría aquí representada, la causa determinante de la constitución de las clases y de los conflictos de clase. La modalidad específica de los cambios sociales de las estructuras provocados por las clases sociales, impelidas por los conflictos de clases, se basa en la distribución diferencial de los puestos de autoridad en las sociedades y en sus ámbitos institucionales. El control de los medios de producción constituye tan sólo un caso particular de dominación y su conexión con la propiedad privada legal, un fenómeno, en principio casual, de las sociedades industrializadas europeas. Las clases no están vinculadas a la propiedad privada, a la industria o a la economía, sino que, como elementos estructurales y factores causantes de los cambios de estructura, lo están a su causa determinante: al dominio y a la distribución de éste. Sobre la base de un concepto de clase, definido en función a las situaciones de dominio o autoridad, puede formularse una teoría que abarque tanto los hechos descritos por Marx relativos a una realidad pretérita, como los relacionados con la realidad evolucionada de las sociedades industriales desarrolladas”. (Dahrendorf, 1962: 180).

De esta manera, establece la diferencia entre los conflictos políticos y otros tipos que resultan más acordes con los diferentes aspectos de la vida social (económicos, étnicos, religiosos, culturales). Poco después Morton Deutsch y Alain Touraine destacarían su pluridimensionalidad, al hacer hincapié en que las causas de la conflictividad van más allá de los aspectos estructurales, implicando también las actividades e intereses de los individuos que cohabitan una sociedad. (Deutsch, 1973: 3-32 y Touraine, 1965: 9-10)

Estas definiciones se pueden englobar en una perspectiva que concibe al conflicto como una característica inherente a la vida social y las relaciones humanas. Esta posición encuentra su forma mejor acabada en la teoría del conflicto, cuyos estrechos vínculos con la teoría de juegos la convierten en una buena alternativa para la explicación de este tipo de fenómenos, aunque por sí misma resulte insuficiente para explicar plenamente su complejidad (Chumpitazi, 2014).[2]

En todos los casos se concibe al conflicto como un fenómeno genérico y multidimensional, que no es ni bueno ni malo per se, sino que puede tener resultados adversos o convertirse en una oportunidad para iniciar procesos de cambio social que si son bien llevados pueden ser importantes para lograr objetivos como la justicia social, la equidad y la inclusión. Entonces, el problema principal estaría en cómo gestionar el conflicto social.[3]

El caso peruano: DPP vs ONDS

La Defensoría del Pueblo de Perú (DPP), a través de su Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, fue una de las primeas instituciones que enfrentó la tarea de clasificar la conflictividad y medirla estadísticamente. Para ello, comenzó a reunir a través de sus oficinas defensoriales descentralizadas toda la información disponible sobe los conflictos acontecidos en diversas partes del país.

El producto de estos esfuerzos ha sido la publicación mensual del “Reporte de Conflictos Sociales”, que luego de 10 años sigue siendo la herramienta más utilizada por los especialistas en conflictividad social de nuestro país (el primer y durante mucho tiempo único documento oficial de carácter público sobre el tema), probablemente porque sus características permiten presentar datos más objetivos sobre la situación. (Díaz et al., 2014)

Sin embargo, durante el primer y segundo año del gobierno actual (Ollanta Humala), se registraron sucesivos incrementos en la cantidad de conflictos, siendo una de sus cúspides el conocido conflicto en torno a proyecto minero Conga. Es en ese contexto que la recién creada Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), emite su primer informe “Willaqniki”, cuyo significado puede entenderse como “el que avisa” (Andina, 2012); y cuyo objetivo inmediato era refutar las incómodas cifras defensoriales (ver Gráfico 1).  

Gráfico 1. Conflictividad social según DPP y ONDS.
Fuente: DPP 2014; ONDS 2014. Elaboración: Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.

Como se puede apreciar en el Gráfico 1, la diferencia que mes a mes se observan entre las mediciones de cada institución resulta abrumadora. Consideramos que esta diferencia se encuentra muy unida al marco teórico desde el cual se estructura cada informe (Torres, 2013; Ulfe, 2013; Lasheras, 2014), pero también a la metodología que ha escogido cada entidad para analizar la conflictividad. Una diferencia que va, desde los métodos para recoger la información, hasta la manera de procesarlos.


En el primer caso, podemos apreciar claramente la diferencia entre las definiciones que maneja cada institución en el cuadro 2.

Cuadro 2. Definición de conflicto social según DPP y ONDS
DPP
ONDS

[…] un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. […] Conflicto y violencia NO son lo mismo. La violencia es la manifestación destructiva del conflicto social. (Defensoría, 2014: 3)

[…] proceso social dinámico en el que dos o más partes interdependientes perciben que sus intereses se contraponen (metas incompatibles, escasez de recursos e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos), adoptando acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden público, y para cuya resolución, se requiere la intervención del estado en calidad de mediador, negociador o garante de derechos. (ONDS, 2012: 18 y 43).

Fuente: DPP 2014; ONDS 2012. Elaboración: Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.

Como se puede apreciar, mientras que la DPP enfoca la problemática desde su potencial amenaza para la garantía de los derechos ciudadanos y presenta la violencia solo como una posibilidad; para la ONDS esta queda supeditada a sus efectos sobre la gestión del Poder Ejecutivo y la violencia se constituye en su principal indicador (Lasheras, 2014). Todo aquello que queda fuera de la definición de la ONDS –y que para la DPP sigue siendo conflicto– pasa a convertirse en “diferencia” y “controversia”. Es así que las diferencias pasan a ser definidas como “conflicto de juicio u opinión […] que ocurre cuando una de las partes considera que la(s) otra(s) ha(n) llegado a conclusiones equivocadas sobre hechos reales”, mientras que las controversias se vuelven en la “oposición de intereses o posiciones acerca de un hecho, una acción o decisión”. (ONDS, 2012: 18)

Además del evidente cruce terminológico y conceptual (por ejemplo, si la controversia no es un conflicto, entonces… ¿por qué se la define como tal, aunque solo se circunscriba a juicios u opiniones?), o la falta de complementariedad que podemos encontrar en estas definiciones, también existen problemas en su aplicación práctica. No son pocos los casos en que un conflicto registrado como tal, no cumple con los parámetros de la mencionada definición. (Lasheras, 2014; Torres, 2012; Torres, 2013; y Ulfe, 2013)


El principal efecto de este giro discursivo ha sido la aparentemente drástica disminución de la conflictividad social, además de señalarle a los supuestos críticos de la gestión presidencial que simplemente se equivocan (Torres, 2013). Por otra parte, también encontramos una apreciable diferencia en el alcance de la muestra que toma cada institución. Para clarificar mejor este punto, comencemos por comparar la tipología escogida por la DPP frente a la utilizada por la ONDS para distribuir la conflictividad, tal como se aprecia en el cuadro 3.

Cuadro 3. Tipología de conflicto social según DPP y ONDS
DPP
ONDS
Laborales
Laborales
Demarcación Territorial
Demarcación territorial
Cultivo Ilegal de Hoja de Coca
Agrarios
Socioambientales
Minería
Comunales
Minería informal
Asuntos de Gobierno Nacional
Energéticos
Asuntos de Gobierno Regional
Hidrocarburíferos
Asuntos de Gobierno Local
Hídricos
Electorales
Otros
Otros

Fuente: DPP 2014; ONDS 2014. Elaboración: Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.

Como vemos, la diferencia no solo radica en la cantidad (10 tipos la DPP y 9 la ONDS), sino sobre todo en el alcance de la respectiva clasificación. Si bien ambas instituciones incluyen los tipos laboral, de demarcación territorial y en parte los agrarios (la  ONDS incluye dentro de ellos a los conflictos por cultivo de la hoja de coca que la DPP precisa), todas difieren en alcance y definición.

Por esta razón, mientras que el “Reporte Mensual” de la DPP se enfoca en una clasificación que toma en cuenta el tipo de derechos vulnerados (al trabajo, a la salud, al voto, etc.), los aspectos sociales y la competencia en la prestación de determinados servicios (gobierno local, regional, y nacional); el “Informe Willaqniki” se aboca casi exclusivamente a los casos sobre los que el Poder Ejecutivo ha tenido o tiene algún nivel de intervención (PCM, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Riego –a través de la Autoridad Nacional de Agua– y el Ministerio del Trabajo).

Esta diferencia no se puede atribuir solamente al medio de recojo de información, sino que parece estar en relación a una estrategia de posicionamiento y visibilización de las acciones que viene emprendiendo el gobierno central frente a los conflictos sociales. Esto queda aún más claro cuando vemos la diferencia entre los estados del conflicto social que cada institución maneja (ver cuadro 4).

Cuadro 4. Estado de conflicto social según DPP y ONDS
DPP
ONDS
Activos
Resueltos
Latentes
En Tratamiento
Resueltos
En Prevención
En proceso de diálogo
En Seguimiento
En Observación
Fuente: DPP 2014; ONDS 2012. Elaboración: Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.

Mientras la DPP reconoce dos estados de conflicto en su registro principal (activos y latentes), un estado complementario (en proceso de diálogo) y dos estados excluyentes (resueltos y en observación); la ONDS incluye en un solo paquete los cuatro estados que reconoce (resueltos, en tratamiento, en prevención y en seguimiento) sin hacer distinciones operativas útiles.

De ambos casos, podemos inferir que el factor diferencial más apreciable es nivel de protagonismo que adopta el gobierno central en la gestión de conflictos sociales dentro de cada informe. En ese sentido, “Willaqniki” también pretendería avisarnos que el gobierno está trabajando.

Sin embargo, este aviso podría resultar distorsionado o debatible, ya que en otro giro discursivo bastante hábil, resulta que los casos resueltos están compuestos -según su nivel a avance en el diálogo- por: i) Negociaciones concluidas (aquellos realmente resueltos); ii) Avances importantes a solución definitiva; iii) Inversiones sociales de empresas; iv) Estudio/implementación de alternativas; v) Movilización de recursos públicos; vi) Cambios de actitud de la empresa; vii) Inicio de negociaciones.

Por supuesto, el informe no detalla esta división, pero al revisarlos con exhaustividad se puede encontrar fácilmente la conexión. Como vemos, no se trata en realidad de casos resueltos (tal vez solo en el caso de la última fase), sino en el mejor de los sentidos, de casos en proceso de resolución. (ONDS, 2012: 33)

Finalmente, es importante resaltar el método de recojo de información que ha elegido cada institución. Para la ONDS, la fuente para la elaboración del informe es el sistema de información de la ONDS, cuyas fuentes primarias son “las visitas de campo  realizadas por el personal de la ONDS en el cumplimiento de sus funciones”, teniendo como fuentes secundarias a la información vertida por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior – DIGIMIN, así como “los diversos sectores del Gobierno Nacional que deben abordar los conflictos bajo su competencia, incluyendo aquéllos que tienen unidades dedicadas al tratamiento de los conflictos (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Producción, entre otros)”, incluyendo a la propiaDefensoría del Pueblo y los medios de comunicación. (ONDS, 2012: 42)

Esta selección parece bastante completa, por lo menos en términos formales; sin embargo, hay que precisar que el alcance de las “visitas de campo” resulta bastante restringido debido al tamaño del territorio que se debe mapear y los recursos humanos y económicos disponibles. Por lo que hemos podido encontrar hasta el momento, en la práctica, la principal fuente de información para la elaboración de estos reportes viene de los gobernadores distritales y provinciales, quienes “avisan” al Ministerio del Interior sobre la situación de los conflictos locales.[4]

El caso boliviano: UNIR vs DPB

La Fundación UNIR, a través de la Unidad de Análisis de Conflictos de su Gerencia de Información, Investigación y Análisis de Conflictos, asumió desde el año 2006 la enorme tarea de “realizar un seguimiento sistemático de la conflictividad social en Bolivia”. Por su parte, aunque la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha intervenido exitosamente en varios conflictos sociales desde su creación (1998) y ha emitido no pocos informes sobre la conflictividad social en su país a través de su Unidad Nacional de Prevención y Atención de Conflictos Sociales; apenas desde el año pasado dicha unidad ha comenzado a emitir reportes semanales sobre la conflictividad en suelo boliviano.


Como en el caso peruano, entre ambas mediciones también podemos apreciar un gran diferencia; aunque en este caso resulta aún más abrumadora que en el anterior, tal como podemos observar en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Conflictividad social según UNIR y DPB
Fuente: Defensoría del Pueblo 2014; UNIR 2014. Elaboración: Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en Perú, el marco teórico desde el cual se estructura cada reporte no parece ofrecer una explicación tan evidente a este desfase. Para entender a que nos referimos, veamos el cuadro 5.

Cuadro 5. Definición de conflicto social según UNIR y DPB
UNIR
DPB

[…] incompatibilidad o percepción de incompatibilidad y desacuerdo de intereses, fines y aspiraciones entre actores sociales, que es manifestada públicamente por medio de mecanismos de presión que pueden o no llegar a un enfrentamiento violento. (UNIR, 2012: 199)

[…] forma de disputa o competencia entre personas o grupos, que surge cuando los recursos son limitados y la demanda, alta. Refleja una pugna de intereses, que pasa del escenario discursivo a los hechos y que puede derivar en acciones de violencia.
[…] proceso complejo, en el que sectores, el Estado y las empresas privadas que prestan servicios públicos perciben que sus objetivos, intereses, valores y creencias son incompatibles o contradictorios. (DPB, N.D.: 15).

Fuente: UNIR 2012; DPB N.D. Elaboración: Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.

Como se puede apreciar, las definiciones básicas que manejan ambas entidades coinciden bastante. Ambas ponen énfasis en la divergencia de intereses, la competitividad, su manifestación pública y la posibilidad no excluyente de que desaten acciones violentas.

Sin embargo, esta simetría inicial no es perfecta porque –como es de esperarse– la DPB aplica una segunda definición operativa que, si bien parece bastante similar a la primera, en la práctica se concentra en los aspectos relacionados a los derechos ciudadanos y la gestión pública (ver el cuadro 2).


Por otra parte, también encontramos una apreciable similitud en la tipología utilizada por cada entidad (10 similares de 16 en total). Para ver mejor esto, observemos detenidamente el cuadro 6.

Cuadro 6. Tipología de conflicto social según UNIR y DPB
UNIR
DPB
Medidas económicas/situación económica
Situación /medidas económicas
Laboral/salarial
Laboral/seguridad Social
Prestación de servicios públicos
Servicios y obras públicas
Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad
Gobernabilidad
Recursos naturales y medio ambiente
Recursos naturales/ medio ambiente
Vivienda
Vivienda y avasallamientos
Límites político-administrativos
Límites
Seguridad ciudadana
Seguridad ciudadana
Tierra
Tierra/territorio
Valores/creencias/identidad
Identidad e interculturalidad
Gestión administrativa
Educación
Leyes/medidas legales
Autonomías
Ideológico/político
Transporte
Gestión del espacio urbano
Tributo
Incumplimiento de convenios
Régimen penitenciario
Derechos humanos
Salud
Otro
Coca excedentaria
Fuente: UNIR 2011; DPB N.D. Elaboración: Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.

Sin embargo, son aquellos tipos o clasificaciones que no se repiten, los que nos dan una señal más clara de la diferencia de enfoque mencionada con antelación. En el caso de UNIR, los tipos restantes parecen tener una clara inclinación terminológica y conceptual hacia la percepción de los actores (públicos y privados) involucrados respecto al proceso en así. Por su parte, en el caso de la DPB el énfasis parece encontrarse más bien en el tipo de derechos y servicios de carácter público (principalmente) que han sido vulnerados y que han generado el proceso. Esto se muestra más evidente cuando notamos la diferencia entre los estados del conflicto social que cada institución maneja (ver cuadro 7).

Cuadro 7. Estado de conflicto social según UNIR y DPB
UNIR
DPB
Latente
Latente
Manifiesto
Temprano
Confrontación
Pre crisis o Escalamiento
Enfrentamiento Violento
Crisis
Desescalamiento
Diálogo
Fuente: UNIR 2012; DPB N.D. Elaboración: Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios.

UNIR y la DPB reconocen 4 estados de conflicto básicos que resultan correlativos (ver cuadro 7).  De este modo, aunque la DPB reconoce teóricamente las fases de desescalamiento y diálogo, mientras que UNIR no; ninguna de ellas desarrolla estos puntos en sus reportes e infografías, ni siquiera en forma mínima.

Finalmente, esta diferencia tampoco parece poder atribuirse al medio de recojo de información. Mientras que UNIR (2012) saca la información “a través de las noticias publicadas en 14 medios de comunicación (12 periódicos de circulación nacional: La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, La Palabra del Beni, Correo del Sur, El Potosí, La Patria y El País; y 2 redes radiofónicas nacionales: Fides y Erbol)”; la DBP también obtiene su data de monitoreos mediáticos, pero además incluye los datos proporcionados por el personal de las oficinas defensoriales, actores del conflicto, entrevistas semiestructuradas, entre otros.

Aparentemente, la selección de la DBP supera a la de UNIR, por lo menos en términos formales. Sin embargo, esto no parece reflejarse en la calidad, profundidad y –aparentemente– exactitud de los respectivos reportes.

Conclusiones

En lo que va de la investigación hemos podido arribar a las siguientes conclusiones provisionales:

i) Las diferencias en el registro producido por la DPP y la ONDS para el caso peruano puede explicarse tanto por los enfoques divergentes en el marco teórico desde el que se estructuran ambos informes, como también por la divergencias metodológicas manejadas por ambas instituciones (que diverge sustancialmente).

ii) Por el contrario, las diferencias en el registro producido por UNIR y la DPB para el caso boliviano, NO puede explicarse por el enfoque o el marco teórico desde el que se estructuran ambos informes, como tampoco por divergencias en la metodología manejada por ambas instituciones (que es bastante similar).

iii) Aunque las constataciones previas solo permiten establecer como posible hipótesis que la diferencia entre las mediciones de cada país no guarda relación necesaria con divergencias teóricas y metodológicas entre las instituciones específicas, también nos brinda un primer indicio que nos permitiría falsear en el desarrollo posterior de la investigación: la hipótesis de que el grado de laxitud en dichos procedimientos se encuentra en relación directa con el grado de dependencia política y económica de la institución encargada de realizar la medición frente al Estado o el gobierno de turno.

iv) Aunque la abundancia de referencia al conflicto como una oportunidad de desarrollo, puede tentarnos a pensar que todos los informes en los casos peruano y boliviano se guían por un enfoque positivo de la conflictividad cercano a la teoría del conflicto (con todas las oportunidades que ello puede brindar a la hora de implementar estrategias integrales de gestión); por lo menos en el caso del informe Willaqniki, esta se encuentra más cercana al enfoque negativo, cuya principal preocupación es resolver el problema que amenaza la paz social. Esto se evidencia tanto en las tácticas que sigue la PCM como en la prisa por tratar de cambiar la percepción general del conflicto. Para eso se supone que debería servir el cambio en la definición.

v) A pesar del enorme esfuerzo que reviste el producir documentos como los reportes e informes de las cuatro instituciones, no todos parecen haber calado como fuente de información, por lo menos entre los investigadores de la conflictividad social. Además de algunas notas de prensa y entrevistas específicas a los titulares de sus respectivas instituciones, no se tiene registro hasta el momento de ninguna investigación profunda que tome como fuente para analizar la conflictividad social tanto al “Informe Willaqniki” (Perú) y los “Reportes Semanales de la DPB” (Bolivia). Por el contrario, el Reporte Mensual de la DPP y la Infografía de UNIR (por lo menos, mientras se producía) sí han servido como fuentes recurrentes para este tipo de investigaciones.

Bibliografía

Andina (2012). “Creación de Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad es ‘trascendental’” Disponible en:

Aron, Raimond (1964). Dieciocho lecciones sobre la sociedad industrial. Barcelona: Seix Barral.

Chumpitazi, Julio (2015). “Conflictos sociales desde la PCM: Una revisión de la metodología usada en los informes Willaqniki”. En Revista Imaginación Sociológica, año 1, n° 1.

Coser, Lewis (1961). Las funciones del Conflicto Social. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Dahrendorf, Ralf (1962). Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial. Madrid:
Ediciones Rialp.
Defensoría del Pueblo de Bolivia (N.D.). El arte de manejar conflictos. Protocolo de gestión de conflictos sociales y análisis de casos. La Paz: Unidad Nacional de Prevención y Atención de Conflictos Sociales. Disponible en:

Defensoría del Pueblo de Bolivia (2014). Reportes Semanales de Conflictos (junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre). La Paz: Unidad Nacional de Prevención y Atención de Conflictos Sociales.

Defensoría del Pueblo de Perú (2014). Reporte de conflictos sociales Nº 124. Lima: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, junio de 2014.

Defensoría del Pueblo de Perú (2014). Reporte de conflictos sociales Nº 125. Lima: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, julio de 2014.

Defensoría del Pueblo de Perú (2014). Reporte de conflictos sociales Nº 126. Lima: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, agosto de 2014.

Defensoría del Pueblo de Perú (2014). Reporte de conflictos sociales Nº 127. Lima: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, septiembre de 2014.

Defensoría del Pueblo de Perú (2014). Reporte de conflictos sociales Nº 127. Lima: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, octubre de 2014.

Defensoría del Pueblo de Perú (2014). Reporte de conflictos sociales Nº 128. Lima: Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, noviembre de 2014.

Deutsch, Morton (1973). The Resolution of Conflict. Yale : Yale University.

Díaz, Diego, Jodan Kristoff, Mora Castro, Jorge Micelli, Damián Castro, Ramón Quinteros y Sergio Guerrero (2007). Exploraciones en antropología y complejidad. Buenos Aires: Sb.

Díaz, Oscar; Víctor Falconí y Julio Chumpitazi. (2014). “El Conflictómetro: Un análisis de la conflictividad social a mitad del gobierno de Ollanta Humala”. En: Patio de Sociales. Marzo de 2014. Disponible en http://www.patiodesociales.com/2014/03/el-conflictometro-un-analisis-de-la.html, visitado el 13 abril 2014.

Earls, John. (2011). Introducción a la teoría de sistemas complejos. Lima: PUCP.

Fundación UNIR Bolivia. (2011). Informe sobre la conflictividad en Bolivia. Enero a junio de 2011. La Paz: Fundación UNIR Bolivia.

Fundación UNIR Bolivia (2014a). Infografía del Conflicto N° 19. Junio de 2014. La Paz: Fundación UNIR Bolivia.

Fundación UNIR Bolivia (2014b). Infografía del Conflicto N° 20. Julio de 2014. La Paz: Fundación UNIR Bolivia.

Fundación UNIR Bolivia (2014c). Infografía del Conflicto N° 21. Agosto de 2014. La Paz: Fundación UNIR Bolivia.

Fundación UNIR Bolivia (2014d). Infografía del Conflicto N° 22. Septiembre de 2014. La Paz: Fundación UNIR Bolivia.

Fundación UNIR Bolivia (2014e). Infografía del Conflicto N° 23. Octubre de 2014. La Paz: Fundación UNIR Bolivia.

Fundación UNIR Bolivia (2014f). Infografía del Conflicto N° 24. Noviembre de 2014. La Paz: Fundación UNIR Bolivia.

Lasheras, Tamara (2014). “Defensoría vs. PCM ¿Por qué el número de conflictos de la PCM es menor al reportado por la Defensoría del Pueblo?”. Disponible en: http://redaccion.lamula.pe/2014/14/05/06/defensoria-vs-pcm/tamaralasheras/, vistiado el 03 de febrero de 2015.

Quiroga, María Soledad, Cristian León, Oscar Meneses, Huáscar Pacheco y Pablo Ríos. (2012). Perfiles de la conflictividad social en Bolivia (2009 - 2011). Análisis multifactorial y perspectivas. La Paz: Fundación UNIR Bolivia.

Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) (2014a). Willaqniki. Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales Nº 20. Lima: Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, julio de 2014.
            
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) (2014b). Willaqniki. Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales Nº 21. Lima: Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, agosto de 2014.

Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) (2014c). Willaqniki. Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales Nº 22. Lima: Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, septiembre de 2014.

Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) (2014d). Willaqniki. Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales Nº 23. Lima: Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, octubre de 2014.

Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) (2014e). Willaqniki. Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales Nº 24. Lima: Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, noviembre de 2014.

Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) (2014f). Willaqniki. Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales Nº 25. Lima: Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, diciembre de 2014.

Reynoso, Carlos. (2006). Complejidad y caos: una exploración antropológica. Buenos Aires: Sb.

Tanaka, Martín. (2012). “¿Por qué el Estado no responde adecuadamente a los conflictos sociales? ¿Qué hacer al respecto?”. En Economía y Sociedad, n° 79, pp. 36-46. Disponible en http://old.cies.org.pe/files/documents/EyS/79/05-TANAKA.pdf , visitado 13 de febrero 2013.

Torres, Javier (2012). “El informe Huaroc: ‘Willaqniki’”. Disponible en: http://diario16.pe/columnista/6/javier-torres-seoane/2185/el-informe-huaroc-willaqniki, visitado 12 marzo 2013.

Torres, Javier (2013). “El conflicto no es un juego de palabras”. Disponible en: http://diario16.pe/columnista/6/javier-torres-seoane/2269/el-conflicto-no-es-un-juego-de-palabras, visitado 14 marzo 2014. 

Touraine, Alain (1965). Sociología de la acción. París: Seuil.

Ulfe, María Eugenia (2013). “¿Qué nos avisa Willaqniki 3?”. Disponible en: http://noticiasser.pe/27/02/2013/dedos-entintados/¿que-nos-avisa-willaqniki-3, visitado 14 marzo 2015.




Notas


[*] El presente artículo es un versión corregida de la ponencia presentada en el III Congreso latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales desarrollado en la ciudad de Quito entre los días 26 y 28 de agosto de 2015.
[1] La decisión de enfocarnos en este periodo para esta presentación en particular responde a que se trata del periodo que mayor avance registra en lo que va del estudio. Sin embargo, su alcance comprenderá los informes emitidos por las instituciones mencionadas, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015.
[2] Utilizamos el concepto científico que define la complejidad como un estado de los sistemas situado en estrecho margen que separa el orden y el desorden total, caracterizados por la aparición de propiedades emergentes surgidos a partir de la interacción local en contextos estructuralmente sencillos, comportamiento  no-linealidad, autosimilar a diferentes escalas y sensible a las condiciones iniciales de su aparición. (Earls, 2011; Díaz et al., 2007 y Reynoso, 2006)
[3] Hemos reseñado los enfoques convencionales, pero también podemos ver los conflictos sociales desde un enfoque sistémico que además de los formalismos propios de la teoría de juegos, puede emplear herramientas de simulación (autómatas celulares, modelos basados en agentes, etc.) para establecer escenarios probabilísticos resultantes de un comportamiento adaptativo. Así, el conflicto se convierte en un estado del sistema que analizamos, caracterizado por la preeminencia de vínculos de competencia entre algunos de los subsistemas, así como de cooperación entre otros y al interior de estos, de lo cual emergen propiedades tanto de cohesión como de dispersión entre ellos. (Chumpitazi, 2014)
[4] Esto pudo ser comprobado por ambos investigadores durante los trabajos de campo desarrollados para otros proyectos en las provincias de Antonio Raimondi (Ancash), Huarmey (Ancash), Abancay (Apurimac), Locumba (Tacna) y Candarave (Tacna). Estos agentes gubernamentales  no habrían recibido la mínima capacitación sobre técnicas de recojo de información, realizando este trabajo de modo completamente empírico.



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