Apuntes para una reflexión crítica acerca de las nociones del terror: El caso de los Asháninka en el contexto del Conflicto Armado Interno en el Perú | Juan Enrique Pozada Pineda

18:55:00


 Resumen

Uno de los sucesos que ha tenido más impacto en la historia contemporánea de nuestro país es el denominado Conflicto armado Interno (CVR 2003a), desarrollado entre los años 1980, hasta el 2002. Por lo general, este conflicto se ha visto mediáticamente focalizado a la zona de Ayacucho, dejando de lado para la gran mayoría de la opinión pública lo ocurrido en otros lugares del país, como por ejemplo los territorios del pueblo Asháninka. Por este motivo, la finalidad de trabajo a modo de ensayo corresponde a la intención de ejercer una opinión más sobre los impactos que generan estas situaciones de conflictos, pero analizándose la situación y el desenvolvimiento de la población afectada. En este caso, se pretende brindar una reflexión acerca de las nociones de terror y terrorismo, no desde el punto de vista jurídico, sino desde una perspectiva de lectura social en base a documentos etnográficos e históricos que sustenten la experiencia Asháninka.

Palabras clave: Conflicto armado interno, terror, terrorismo, Sendero Luminoso, Estado, Asháninka, Perú.


Introducción

Uno de los sucesos que ha tenido más impacto en la historia contemporánea de la República, sin lugar a dudas, es el llamado Conflicto armado Interno (CVR 2003a)[1], oficialmente desarrollado entre los años 1980, hasta el 2002. En este conflicto, donde se enfrentaron, entre tantos las fuerzas del orden del Perú, entre fuerzas armadas y policía, contra los grupos subversivos denominados “Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso” (PCP-SL), y “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru” (MRTA). Aunque la cantidad de actores involucrados, en diferentes formas, es mucho mayor.

Este conflicto ha sido muy mediatizado y utilizado como arma de disuasión por los grupos conservadores que han monopolizado los medios de información convencionales. Además, lo más común es focalizar el conflicto en la zona de Ayacucho, que fue una de las regiones más afectadas y el lugar donde se perpetró el evento que se asume como el inicio de este proceso: La quema de ánforas electorales por parte del PCP-SL, en la comunidad de Chuschi, en el distrito del mismo nombre, de la Provincia de Cangallo.

La participación casi hegemónica de Sendero Luminoso en el accionar subversivo, ha ocasionado que se eclipse al MRTA y otros grupos de “izquierda revolucionaria” precedentes, situando en muchas ocasiones a Sendero Luminoso como sinónimo de la izquierda[2]. La otra cara de la moneda se contempla en la sobrevaloración de la actuación de las Fuerzas del Orden (FF.AA. y Policía) -que bajo el rótulo de pacificadores se les asigna un valor que pretende ser irrefutablemente heroico- y en asumir que los golpes más duros se vivieron en la ciudad de Lima, con los atentados en Jirón Tarata y en la Emisora de Televisión “Frecuencia Latina”, plasmando una clara línea de pensamiento hegemónico. Además, existen vertientes, en donde se pretende ensalzar la imagen de Alberto Fujimori, como artífice de la captura del líder de Sendero Luminoso[3], Abimael Guzmán Reynoso[4].

Este sesgo ha llevado a que en algunos casos se justifiquen las violaciones de derechos humanos como un acto propio del accionar defensivo, por el fin de obtener la pacificación. Además, genera graves divisiones en la población peruana, puesto que se crean imaginarios dicotómicos en donde se enfrenta la visión desde Lima contra la de las zonas más afectadas, las versiones de los actores relacionados con las fuerzas armadas y policiales contra los actores relacionados a Sendero Luminoso, las visiones de las víctimas frente a la opinión pública, la de las izquierdas frente a los grupos conservadores, y la de los fujimoristas contra los anti-fujimoristas. En el caso de las versiones de las víctimas, casi siempre relegadas, las más difundidas han sido la de poblaciones ayacuchanas, olvidándose casos de otras regiones que también sufrieron un grave impacto en este proceso.

En línea con lo anterior, esta parcialidad de los sucesos históricos recientes, ha motivado que algunos investigadores se entreguen a la tarea de visibilizar otros casos como el de los pueblos de la Selva Central, en específico el del pueblo Asháninka[5], que sufrió ataques tanto del MRTA y Sendero Luminoso (CVR, 2003b, 303), así como de las Fuerzas Armadas, principalmente, de la Infantería de Marina del Perú.

Por este motivo, la finalidad de trabajo a modo de ensayo corresponde a la intención de ejercer una opinión más sobre los impactos que generan estas situaciones de conflictos, pero analizándose la situación y el desenvolvimiento de la población afectada. En este caso, se pretende brindar una reflexión acerca de las nociones de terror y terrorismo, no desde el punto de vista jurídico, sino desde una perspectiva de lectura social en base a documentos etnográficos e históricos que sustenten la experiencia Asháninka. Este objetivo plantea contribuir al debate sobre las nociones de terrorismo y el abordaje de la memoria histórica de una manera crítica, alternativa a las opiniones políticas y jurídicas que, muchas veces, parecen plantear un mandato definitorio sobre una noción que se construye gracias a las interacciones sociales, y a un proceso de interiorización colectiva, de un capítulo de la historia peruana, que seguirá generando conflictos intersubjetivos, por lo menos, varias generaciones más.

Percepciones y discrepancias nominales del conflicto en el Perú

El periodo materia de análisis todavía es terreno de debate, entre varios aspecto, sobre la denominación más apropiada para describirlo, con toda la carga semántica e ideológica que ello puede contener. Algunos grupos políticos hegemónicos han aprovechado esta fragmentación apelando a recursos de autoridad retóricos para autoproclamarse defensores de la justica y la democracia, apropiarse de una imagen que pretende posicionarlos como los únicos enemigos irreconciliables de Sedero Luminoso[6] y conseguir una aparente criminalización de quienes usan nombres o términos, no acordes sus discursos.

En líneas generales, esto ha llegado a generado la denominación para este periodo de conflicto, se divida entre tres opciones: 1) el término “conflicto armado interno”, usado por la CVR y sustentado en una referencia párrafos arriba; 2) el término “guerra contrasubversiva” o “lucha contra el terrorismo”, defendido por los grupos señalados en el párrafo precedente; y 3) el nombre general de “violencia política” o “guerra interna”, adjudicada recurrentemente por los grupos afines a los subversivos[7].

Una fuente de discrepancias al respecto radica en el término terrorista, el cual es adjudicado básicamente a los grupos subversivos. Hay algunos que prefieren un término menos condenatorio y más político como guerrillero, e incluso algunos que reivindican su accionar los llaman revolucionarios. Este término es, con frecuencia una fuente de sesgo, pues se suele excluir la posibilidad de un terrorismo de estado, por las flagrantes violaciones a los derechos humanos, lo cual no ha sido reconocido abiertamente por ningún gobierno peruano[8].

También es controversial el estatus de los grupos subversivos, por ejemplo, en la CVR, se denomina a Sendero Luminoso como partido político, debido a que su organicidad presentaba características propias de esta clase de entidades sociales. Sin embargo, algunos sectores, como por ejemplo el Partido Aprista, el Fujimorismo y la centro-derecha peruana, niegan rotundamente esta tipificación.[9] 

En cuanto al término de “Violencia Política”, es demasiado amplio, y es utilizado principalmente a conveniencia de algunos grupos políticos que tienen cierta reticencia al hablar de terrorismo o de conflicto armado o lucha armada, términos que se han empapado de connotaciones subjetivas e incluso son un tabú en algunos espacios. La inconveniencia de llamar “Violencia Política” solo a este hecho, resulta un sesgo para otros episodios en la historia de diferentes pueblos fuera y dentro del Perú. Lo mismo ocurre con el término guerra interna, que puede dar la falsa idea de una guerra civil.

En el caso del Pueblo Asháninka, se hace evidente al hacer una breve revisión de su historia, pues este pueblo ha vivido en constantes situaciones de “violencia política”, tanto antes de la llegada de los españoles como durante la época colonial. Así mismo, en el periodo republicano, los Asháninka vivían constantes periodos de hostilidad con ciertos vecinos como los Piro y Conibo, realizándose correrías, para lo obtención de personas que hicieran trabajos en una situación similar a la esclavitud para algunos terratenientes republicanos. (Fabian y Espinoza, 1997: pág. 13), lo cual supone un hecho de violencia con motivaciones políticas.

Una lectura sobre el terror, y terrorismo a través de la experiencia colectiva Asháninka

Siguiendo las consideraciones previamente señaladas, es conveniente hacer una propuesta sobre el conflicto armado desde la experiencia Asháninka. Según Enrique Rojas Zolezzi (1994: págs. 227-237), cuando hace referencia al Ovayeri[10] -una especie de líder en momentos de guerra- si bien la sociedad Asháninka tiene como característica ser guerrera, no es la guerra un tema medular en la vida cotidiana Asháninka, como lo es para los Awajún y Wampís, ni tampoco poseen un ejército profesional o clase guerrera, aunque los varones sí se preparan si son valoradas las actuaciones talentosas en las luchas y la organización de un batallón corresponde a este líder guerrero que posee cierto estatus de respeto en la sociedad.

El enfrentamiento del PCP-SL y el MRTA contra el Estado (por medio de las Fuerzas Armadas), fue un enfrentamiento de ejércitos constituidos y profesionalizados. En algunos casos, sobre todo al principio, los primeros fueron incorrectamente identificados como guerrillas –las cuales actúan con civiles voluntarios sin previa preparación militar- a pesar que su funcionamiento era de un ejército, con uniformes, símbolos, preparación militar e incluso financiamiento, además de contar con estratificación militar. Por supuesto, no era un ejército convencional, sino uno subversivo y por tanto ilegal si se prefiere: el brazo armado de un partido -en este caso el Partido Comunista del Perú-SL- sublevado contra el orden estatal, queriendo imponerse para romper el orden y el paradigma capitalista, y sustituirlo por otro orden estatal bajo un paradigma “marxista-leninista-maoísta-pensamiento Gonzalo; en donde el sistema social Asháninka como de otros pueblos del Perú, tampoco estaba en agenda.

Del otro lado, teníamos a un ejército convencional, brazo armado del Estado Peruano, que trataba de defender el orden estatal, evitando el triunfo del PCP-SL y del MRTA –que poseía un objetivo y situación similar que SL- apoyando en parte el surgimiento de rondas campesinas como los Asháninka. Sin embargo, dichas rondas no formaron parte de la estructura del ejército, sino que fueron preparados a modo de comités de autodefensa. Estas rondas fueron la base que sirvió para la formación de un Ejército de Resistencia Asháninka constituido por los varones de diferentes comunidades para defenderse, al principio con lanzas, flechas y otras armas tradicionales, y posteriormente con armas de fuego y preparación militar, aportadas por el Estado Peruano. Por eso podemos decir que había cierta desventaja organizativa desde los Asháninka con respecto a los otros dos ejércitos.

Asumiendo el término terrorismo, fuera de la tipificación oficial, que tienen que ver con una incursión contra el orden del estado, tanto los Asháninka como otras poblaciones afectadas, asumen a estos ejércitos subversivos como terroristas o terrucos, basándose en la idea de terror, de una irrupción social violenta. Aunque en el caso de los Asháninka, los infantes de marina, también se desviaron de su rol protector-defensor, propio de las fuerzas armadas como fuerzas de defensa nacional, y cometieron actos que pueden ser asumidos, desde una perspectiva social como terrorismo de estado, pues estas entidades estatales cometieron irrupción violenta en el desarrollo convencional de estos pueblos, causando una sensación de terror.

En el trabajo de Beatriz Fabián Arias y Oscar Espinoza de Rivero (1997), se explica un cambio social del rol de la mujer, debido a que los hombres se fueron a la guerra, tomando roles que implicaron un fuerte impacto social, y qué mencionar del desplazamiento forzoso de comunidades Asháninka enteras, y la desaparición completa de otras, o el secuestro y cautiverio de pobladores Asháninka en condiciones de degradación sanitaria.

Por eso, es pertinente denominar terrorismo a las acciones de violencia que generan políticas que son asumidas como desestabilizadoras para el funcionamiento convencional de dicha sociedad. Considerando este proceso como productor de incertidumbre o miedo, que se puede expresar de modo simbólico, psicológico o de un modo concretamente físico. De aquí, se desprenderían los conceptos de etnocidio y genocidio en sus versiones sistemáticas. La diferencia recaería en quien es responsable de dicha acción. En este caso, tenemos dos actores de violencia principales, expuestos líneas arriba, por lo cual podríamos ensayar una tipificación doble: terrorismo subversivo[11] y terrorismo de estado¸ en el contexto del conflicto armado interno.

Por último, una de las consecuencias, además del exterminio de las comunidades Asháninka cuya población se vio significativamente diezmada, fue el desplazamiento de los pobladores Asháninka sobrevivientes no sólo a la periferia del territorio Asháninka sino también a la ciudad de Lima, provocando una situación de desarraigo y de desestabilización social.

Estas migraciones forzadas se dieron principalmente zonas denominadas “invasiones” cuya existencia ha sido sistemáticamente invisibilizada porque no corresponden a la situación de desplazamientos internacionalmente convencionales, como son los campos de refugiados o barrios de desplazados con protección estatal oficial. Peor aún, este proceso viene ocultándose bajo la facha de un proceso simple de “migración del campo a la ciudad”, término que resulta conveniente para el aparente objetivo de seguir fomentado el aprovechamiento de recursos naturales en la Amazonía bajo el enfoque de “tierra vacía”, que por lo menos en territorios como el Asháninka se asumiría como consecuencia de un acto voluntario de abandono de las tierras comunales que daría carta libre para la concesión de terrenos a los inversionistas que piensen explotarlos.

Conclusiones

Esta reflexión toma parte de la experiencia Asháninka para proponer la apertura de un debate en el que los imaginarios que se han ido desarrollando, en torno al conflicto armado interno del Perú (1980-2002), pueda reformularse desde el campo de las ciencias sociales, tomándose en cuenta las experiencias colectivas en torno a un análisis social. Como se ha podido ver, a lo largo de esta contribución, el Perú se encuentra encadenado por los paradigmas jurídicos, que pretender brindar una definición concluyente, incluso con compromisos penales.

Es necesario, que, como nación, el Perú pueda reformular estas reflexiones y construir una memoria colectiva más amplia que contemple la mayor cantidad de experiencias colectivas, que considere sus propios impactos, como en el caso de los Asháninka, cuyas modificaciones organizacionales son prueba clara de ello. Esto implica, una “apertura de mente”, para que estas construcciones de imaginarios colectivos, puedan llevar a una, tal vez lejana, pero deseada reconciliación sin olvidos, ni impunidades, pero que permitan lograr la paz en un país aún divido por este conflicto.

Bibliografía

Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR (2003a). Informe Final. Tomo I. Lima: CVR.

Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR (2003b). Informe Final. Tomo V. Lima: CVR.

Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR (2003c). Informe Final. Tomo VIII. Lima: CVR.

El Comercio (17/11/2017). FP pide que currículo reconozca rol de Fujimori frente al terrorismo. Consultado el 02/12/2017. Disponible en: https://elcomercio.pe/politica/fuerza-popular-pide-curriculo-escolar-reconozca-rol-alberto-fujimori-frente-terrorismo-noticia-474429

El Correo (25/07/2012). Activista del Movadef de 18 años: ‘No fue terrorismo sino guerra interna’.  Consultado el 01/12/2017.Disponible en: https://diariocorreo.pe/politica/activista-del-movadef-de-18-anos-no-fue-terr-248655/

La República (10/06/2003) Citan a Tapia y Macher. Consultado el 02/12/2017. Disponible en: http://larepublica.pe/politica/357900-citan-a-tapia-y-macher

Rojas Zolezzi, Enrique (1994). Los Asháninka, un Pueblo tras el Bosque: contribución a la etnología de los Campa de la Selva Central Peruana. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Fabián Arias, Beatriz y Espinosa de Rivero, Oscar (1997). Las cosas ya no son como antes: La mujer Asháninka y los cambios socio-culturales producidos por la violencia política en la Selva Central [Documento de Trabajo]. Lima: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).




[1] La Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú (CVR), explica sobre este punto: “En este orden de ideas, en cumplimiento de su mandato, la Comisión de la Verdad y Reconciliación considera imprescindible, para la calificación de ciertos actos como crímenes y violaciones a los derechos humanos, la aplicación concurrente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. En efecto, los hechos examinados —decenas de miles de personas muertas en un contexto de violencia armada y varios otros miles de heridos o mutilados— no pueden explicarse sino por la existencia de un conflicto armado interno regido sin duda alguna por el artículo 3 común precitado”(2003a, pág 204)
[2] En este caso, la utilización de los términos terrorista o terruco es de amplia e indistinta aplicación. Esto ha desencadenado que en ocasiones se confunda al MRTA y a SL, así como otras agrupaciones, extendiéndose amos términos inclusive a todas las agrupaciones que se asumen como de izquierda, compartan o no las ideas de las anteriores, o propugnen o no la lucha armada.
[3] En noviembre del año 2017, la congresista del partido mayoritario en el Congreso de la República, por el partido del fujimorismo “Fuerza Popular”, Paloma Noceda, presentó un proyecto de ley que buscaba modificar los textos escolares, y resaltar la labor “pacificadora” del gobierno de Fujimori y su contribución a la derrota del “terrorismo”. Además planteaba que en dichos textos se retiren las menciones a las violaciones de los derechos humanos en el gobierno de Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos (El Comercio, 2017)
[4] Esta captura, acaecida el 12 de setiembre de 1992, es para muchos, el inicio del declive tanto de Sendero Luminoso, como del MRTA, puesto que sirvió como una gran victoria moral para las Fuerzas del Orden, como para la población peruana en general.
[5] Pueblo de la Amazonía peruana -aunque con cierta presencia en el estado de Acre en Brasil- ubicados principalmente en zonas pertenecientes a las regiones de Pasco, Junín, Ucayali, Cusco y Ayacucho, con más de 50 000 habitantes, siendo uno de los pueblos indígenas amazónicos más numerosos en el Perú (estimando un 18% del total). (Rojas, 1994 y Fabián y Espinosa, 1997: págs. 11-24).
[6] Y por consiguiente del MRTA, y cualquier grupo, pues la falta de perspectiva crítica en la opinión pública ha imposibilitado la diferenciación entre grupo y grupo y sus niveles de responsabilidad. Esos mismos discursos se muestran muy indulgentes con los sectores de las Fuerzas Armadas que también cometieron violaciones a los derechos humanos, bajo el argumento de que estos cumplían una “acción heroica” en guerra.
[7] El MOVADEF (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales), es una de las organizaciones en donde los ex integrantes de Sendero Luminoso y sus simpatizántes, buscan la inserción en la vida política nacional a través de una posible inscripción como partido político. Esta probable participación resulta muy controversial en el Perú, despertando muchas voces en contra, debido al accionar de Sendero Luminoso en el Conflicto Armado interno como uno de los grupos con mayor responsabilidad en las muertes. En el 2012, fue muy conocida una noticia en la que jóvenes integrantes de esta organización mencionaban que el Conflicto Armado Interno era una “Guerra Interna” (El Correo, 2012), este término es muy difundido en algunos ambientes universitarios, y representa una gran fuente de debate, pues para algunos, podría significar el reconocimiento de Sendero Luminoso y el MRTA COMO “más” que terroristas o una organización delictiva. Además, podemos ensayar que, si el término usado oficialmente es el de “Guerra”, abre la posibilidad a la firma de un tratado de paz entre las partes, así como un posible juicio por crímenes de guerra, donde también estaría involucrado el Estado.
[8] Este posible reconocimiento, de parte del Estado, no solo sería un reconocimiento social, sino podría abrir una amplia gama de figuras jurídicas. Esto no es conveniente para buena parte de la clase política, porque este conflicto abarca los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), Alan García Pérez (1985-1990), Alberto Fujimori (1990-2000) y cierra un proceso de término con Valentín Paniagua (2000-2001) y Alejandro Toledo Manrique (2001-2006). Una aprobación reconocimiento estatal de terrorismo de estado, podría abrir investigaciones, principalmente para el caso de los tres primeros citados, con énfasis en el último, que ya fue condenado por crímenes que pueden ser contenidos en esta tipificación. Incluso, el indulto, realizado el 24 de diciembre del 2017, podría haber sido el refuerzo para asumir no sólo como socialmente ilegítimo, sino pugnar con mayores argumentos por su ilegalidad.
[9] Algunos políticos como Rafael Rey, sostuvieron sobre un supuesto beneficio de la CVR para Sendero Luminoso y el MRTA porque "buscan abrirle paso a Sendero Luminoso hacia la legalidad, al considerarlos partido político cuando se trata de un grupo de genocidas que no tienen autoridad moral para integrarse al sistema democrático" (La República, 2003). Mauricio Mulder, del Partido Aprista, también es uno de los actores políticos que se encuentra en contra de esta denominación.
[10] Es título puede atribuírsele a la figura de Alcides Calderón, quien tras la muerte de su padre Alejandro “el cual emprendió, entre enero y mayo de 1990, una campaña contra presuntos miembros del MRTA que incluyó un escalamiento de la violencia en las poblaciones de Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución (…)En esa situación, la presencia del PCP-SL y el MRTA acentuó el clima de deterioro social e hizo posible un estallido de violencia hasta entonces desconocido (CVR, 2003b: 303).
[11] El término “guerrillero” se menciona en esta ocasión de manera metodológica.


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