Los tres peronismos: excepcionalidad, decisionismo y gobernabilidad | Gabriel Tolosa

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 “...lo normal no demuestra nada, la excepción lo demuestra todo; no sólo confirma la regla, sino que la regla vive gracias a ella...”
Carl Schmitt


Dinámica de variabilidad y creciente complejidad se erigen como características propias de la arquitectura política argentina, esto se explica, en gran medida, por los efectos de las diferentes crisis que se han dado a lo largo de los últimos treinta años. A pesar del tiempo transcurrido, el mapa de las relaciones políticas deja vislumbrar permanentes tensiones y conflictos propios del impacto producido por los cambios sociales, económicos y culturales que determinaron el patrón de integración de una sociedad previa a la crisis. Por lo tanto, se hace necesario determinar los mecanismos de intervención política que pretenden afrontar estos problemas estructurales, principales desafíos de la acción de gobierno.



Un importante incremento, tanto en expectativas como en demandas de inclusión social, como también, aludiendo a las cualidades de dicha inclusión, teniendo como ejes: políticas públicas en salud, educación, empleo y vivienda, se constituyeron en el núcleo de los últimos diez años. Demandas caracterizadas por una doble dimensión: por un lado, aquellas atenientes a mejorar los niveles de inclusión social y equidad, por otro, rehacer pisos históricos en relación a materia de empleo e ingreso del asalariado.

La intervención del Peronismo, como fenómeno sociopolítico, ha detentado un progresivo dominio en los procesos de agregación de demandas socioeconómicas en los últimos veinticinco años y, en este sentido, ha exhibido con tenacidad una voluntad de poder y de hegemonía política, aunque ejerciendo en forma alternativa roles de oficialismo y de oposición. Como resultado de este protagonismo y de su probada actuación en situaciones críticas, el imaginario político pareciera atribuirle a este actor la capacidad de garantizar la “gobernabilidad”, en la medida que ha demostrado eficacia para ordenar con “capacidad de gobierno”[1] en situaciones de excepcionalidad. A partir de esta descripción, se entiende por “gobernabilidad” la capacidad del sistema político para preservar el equilibrio dinámico e inestable, entre las demandas de la sociedad, por una parte, y la disposición del poder público para adoptar decisiones oportunas y eficaces (Camou, 2001). Así, analizando estos presupuestos, se podría comparecer a una conclusión anticipada, en el sentido de considerar al Peronismo como una fuerza política que consiguió provocar un “quantum” de expectativas favorables en la sociedad, debido a cierta elasticidad para representar y gestionar las demandas de los actores colectivos.

Existe basta bibliografía referida a la naturaleza sociopolítica de Peronismo, en particular, sobre el vínculo partido – movimiento que hace de la problemática del liderazgo carismático en la política una cuestión medular. Sin centrarnos en tales debates, se puede decir que el Peronismo, más allá de diversas experiencias históricas que ha protagonizado, se caracteriza por una estructura de movilización social y política cuya práctica reclama liderazgo, como también por su probada eficacia de promover alianzas contingentes, cimentadas entre dirigentes con poder territorial y sindical. Así, no parece exagerado afirmar que, en términos de funcionamiento como estructura de poder, tiende a manifestarse como una confederación de dirigentes que reconocen en su capacidad de convocatoria y movilización de actores colectivos la habilidad para hacerlos partícipes de la dialéctica del poder político.[2]

Coyunturas de lo excepcional

Con el objetivo de reflexionar respecto a esta cuestión, se van tener en cuenta tres experiencias de gobierno que confluyen en un modo de excepcionalidad política, aunque con resultados asimétricos en términos de sustentabilidad de los ordenamientos postcrisis:

  • Período 1989 – 1991: marca la gestión de la crisis inflacionaria. Carlos Menem.
  • Período 2001 – 2002: abarca la crisis del modelo de convertibilidad monetaria. Eduardo Duhalde.
  • Período 2003 – 2007: comprende el primer período del gobierno electo postcrisis 2001. Néstor Kirchner.

Reflexionar respecto a este escenario permite pensar al Peronismo como usufructuario de la cualidad para proclamar liderazgos que logran hegemonizar el gobierno de la crisis. La contracara de esta eficacia se presenta como la característica de obstaculizar la construcción de escenarios de negociación y búsqueda de consensos con el fin de consolidar la estabilidad de las políticas que les posibilitaron superar las situaciones de excepcionalidad. Por “situación de excepcionalidad” vamos a entender lo opuesto a la “normalidad”, que queda expresado en la observancia de la legalidad y de las instituciones. A la “excepcionalidad” resulta válido considerarla como una contingencia que puede configurarse en función de un caso de necesidad extrema con el fin de preservar la estabilidad del sistema político.

A partir de lo esbozado anteriormente, se puede alegar que en “situaciones de excepcionalidad” el Peronismo ha conseguido restaurar, en diferentes momentos históricos, las condiciones básicas del orden político y social, estos procesos de estabilización se construyeron mediante la integración de demandas básicas de amplios sectores sociales movilizados en respuesta a la crisis. Desde esta perspectiva, se puede sostener que la intervención, en situaciones de crisis, de los gobiernos Peronistas hicieron posible la recuperación de niveles de gobernabilidad cimentados en procesos democráticos.

En este enfoque, no se pretende situar como núcleo la dimensión ideológica, en lo que refiere a una lógica entre ideología – práctica política. Mucho menos posicionarse en un ángulo de observación político institucional en relación a la dinámica de fortalecimiento de las instituciones de representación. Lo que intento abordar es el razonamiento en la toma de decisiones en situaciones de crisis, para lo cual es necesario tener en cuenta tres cuestiones principales:

è Comprensión a la hora de decidir el momento político de ruptura con el “status quo”.
è Estrategias para definir antagonistas en la competencia política.
è Voluntad para imponer una hegemonía fundada en una nueva jerarquía de poder y alianzas.

Adoptar una reflexión “realista” de este fenómeno nos permite dejar de lado posibles evaluaciones ideológicas que generalmente plantean situaciones de mayor o menos coherencia doctrinaria. Ahora bien, esto no impide considerar dentro del eje izquierda – derecha prácticas de gobierno a fin de trazar fronteras propias en la estructuración del conflicto de poder entre aliados/opositores y del conflicto de intereses que desembocará en la oposición beneficiados/perjudicados. Sin embargo, al examinar los distintos procesos históricos se puede confirmar que el Peronismo siempre propuso la confrontación ideológica en términos antagónicos, si bien esta práctica se acerca más a una competencia política de tipo “agonista”, en términos de Mouffe (2007).

En referencia al liderazgo expresado, los tres casos evidencian disparidades contextuales: en el primer caso, evidente ejercicio del poder en clave decisionista posibilitado por el sostén de la mayoría electoral (1989); en el segundo, un claro déficit de legitimidad que perjudicaba al gobierno tenía su origen en no haber sido electo en comicios nacionales sino por una Asamblea Legislativa lo que confluyó en que el “decisionismo” fuera moderado por necesarias negociaciones con coaliciones parlamentarias; el tercer caso manifiesta un nuevo decisionismo político que presentaba como cuestión medular el control del poder público sobre la economía para asignar recursos para políticas de inclusión social y desendeudamiento externo.

El primer caso se caracteriza por la maniobra del presidente Alfonsín que, a fin de evitar una agudización mayor de la crisis, que se presentaba como inabordable en lo que respecta a la reconstrucción del sistema político, adelantaba la entrega del Gobierno a las autoridades electas en 1989. De esta manera, el Peronismo asumía el gobierno en una “situación de excepción” que precisaba una concentración efectiva del poder político. Tres problemas centrales constituían la agenda del nuevo gobierno: primero, anular la capacidad desestabilizadora de ciertos sectores de las fuerzas armadas; segundo, aplicar un programa de estabilización antiinflacionaria; tercero, cambiar las condiciones para una renegociación de la deuda externa, todo esto en un marco de apertura de los mercados a la inversión externa y reactivación del consumo.

Luego, el 1er de enero de 2002, con el propósito de dar respuesta a la crisis gestada por la debacle del sistema de convertibilidad monetaria durante diciembre 2001, otra administración Peronista volvería hacerse cargo del gobierno. A partir de este momento, se inaugura un proceso de recuperación de la capacidad reguladora del Estado sobre la economía y el control de la conflictividad social. El gobierno del presidente Duhalde tiene como característica propia un escenario de excepcionalidad que exige disponer una agenda de emergencia ante la crisis: en primer término, mermar los niveles de conflictividad social que se evidenciaban en las protestas generalizadas y aumentaba la deslegitimación política; en segundo lugar, atenuar la emergencia social con políticas subsidiadas de contención; el tercer ítem consistía en devaluar la moneda para devolverle competitividad a la economía.

Ipso facto, la presidencia de Néstor kirchner simboliza la recuperación de la legitimidad de la acción política, reinstalando el poder público a fin de llevar adelante políticas que precisaban de la movilización de recursos ideológicos, institucionales y organizacionales. Configura un proceso que restaura la significación de la política como capacidad de intervención del Estado y como arena de confrontación y negociación de los actores de poder.

Paradigma de la excepción

Tales procesos permiten ser observados a partir de tres niveles: institucional, de acción política (negociación y decisión) y de inclusión/exclusión de factores de poder y actores sociales.

Gobernar la excepción no constituye una concesión que permita ser caracterizada como el manejo coyuntural de la crisis, “la excepción califica la decisión, como acción plenamente soberana”[3], que admite grados de libertad a pesar de las limitaciones dispuestas por la coyuntura. Las decisiones que se agotan en el uso coyunturalista, por el contrario, son decisiones incrementales, que no modifican la dinámica de intervención de los actores de poder, respetan la correlación de fuerzas, no generan rupturas y, por lo tanto, no logran afirmar un nuevo ordenamiento sociopolítico. Las decisiones incrementales tienen como objetivo corregir el proceso, aunque sin modificar su direccionalidad. En oposición, las decisiones de ruptura determinan las bases de un nuevo ordenamiento que establece la inclusión/exclusión de determinados actores. Inclusión/exclusión, desde el enfoque del “realismo político”, tiene como eje la distinción amigo/enemigo. Amigos son aquellos cuyos intereses convergen con el destino de las políticas o son afectados de un modo positivo. Por otro lado, el antagonista asume el costo de mis políticas, justamente, porque su condición de enemigo deviene de la oposición radical a mi proyecto político. A su vez, la exclusión de mi enemigo no remite al campo de acción y de confrontación política.

En los procesos de crisis que implican rupturas de orden sociopolítico, se pueden distinguir dos momentos, el primero refleja las posiciones moderadas, de cambios incrementales, generalmente de corta duración y condenadas al fracaso. A partir de esta situación se da lugar al comienzo del segundo momento, fase de características rupturistas que funda las bases del nuevo ordenamiento socioeconómico y político. Los gobiernos de Carlos Menen, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner se erigieron a través de rupturas políticas con el ordenamiento precedente, determinando nuevas exclusiones e inclusiones de actores sociales y de poder.

Tomando en cuenta lo expuesto, se puede advertir como el presidente Menem no determina una reforma profunda desde el inicio de su gestión. En principio pretende un programa de reactivación y reconstitución del aparato productivo con la esperanza de poder llevar adelante un modelo desarrollista. La fuerte resistencia de los actores con poder económico a plegarse a un modelo de desarrollo, cuando se comenzaban a plantear nuevas condiciones de mercado impuestas por la globalización, tuvo gran incidencia en la determinación del Gobierno de romper con la orientación desarrollista. El programa de convertibilidad se posicionó como eje tanto en lo económico como en lo político, exigiendo un conjunto de políticas públicas caracterizadas por la escasa injerencia del Estado (privatizaciones y desregulaciones) que tuvieron como consecuencia la subordinación de la integración económico – social a las reglas de la competencia del mercado, definiendo la exclusión de actores sociales.

El 2002 representó una situación de excepcionalidad observable desde tres dimensiones; en lo político: acefalía del Gobierno; en lo económico: virtual paralización de la actividad económica, y en lo social: emergencia ante la imposibilidad de satisfacer demandas sociales básicas. La situación exigía una ruptura con la direccionalidad del proceso económico. Esta reorientación drástica de la política económica se inauguraba con la devaluación, a fin de que el aparato productivo recuperara competitividad. La crisis detonada durante este tiempo expuso una fragilidad en la gobernabilidad, caracterizada por la acumulación de anomalías y tensiones que reflejaban la incapacidad del Gobierno para responder a las demandas sociales. Así mismo, demostrará el agotamiento del esquema neoliberal y la necesidad de confrontar la hegemonía del poder financiero que articulaba con organismos internacionales de crédito. La crisis también definirá el inicio de un cambio necesario en los patrones de inclusión social, esto abrirá las puertas a la recuperación del Estado en sus funciones de regulación y habilitación de un nuevo esquema de intermediaciones con la sociedad.

La característica del Gobierno de Kirchner estará dada por su “eficacia decisional” (Bobbio, Matteucci & Pasquino, 1998) a la hora de llevar adelante decisiones relevantes que proporcionarán sustentabilidad al cambio de paradigma prefigurado por la excepcionalidad determinada por la crisis, tal coyuntura exigía decisiones rápidas y oportunas de parte de la máxima instancia de poder público; estas urgencias maquinaban contra la oportunidad de convocar a consensos con los actores de poder, en la medida que todos ellos tenían responsabilidad en el desencadenamiento de la crisis. A su vez, se inaugurar una nueva direccionalidad del proceso político. Esta tarea comprenderá enfrentamientos con intereses sostenidos por actores con poder de veto respecto a las decisiones del poder público. Un claro ejemplo de estas contraposiciones llevada a una situación extrema fue el conflicto con el sector agropecuario. Recuperación del rol del Estado, imposición de nuevas reglas de juego orientadas al crecimiento de la economía centrada en el mercado interno y en la consecuente inclusión de segmentos sociales desplazados, fueron los ejes del programa de gobierno.

Espectralidad institucional

¿Tiene el Peronismo capacidad de gobernar fuera de la excepcionalidad? Esta pregunta se vincula en forma directa con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, aunque esto no se puede disociar de las singularidades propias de la sociedad, entre las que corresponde destacar las grandes contradicciones socioeconómicas que confabulan contra el desarrollo de un modelo de integración y equidad social. Por lo tanto, la pregunta que debemos formularnos es ¿qué tipo de institucionalidad resulta más eficaz a la hora de pensar la sustentabilidad de las políticas que fueron claves a la hora de superar la crisis?

Dos concepciones son las más reconocidas: por un lado, quienes consideran que afianzar el orden republicano, mediante la reconstrucción institucional, y sin menoscabar la expansión democrática de los últimos años; por otro lado, quienes abogan por la continuidad de un modelo concentrado – liderazgo – en la decisión política, ya que solamente de esta manera se garantizan los cambios estructurales que permiten la cohesión de la sociedad. Ambas alternativas caracterizan a grandes rasgos las orientaciones discursivas de los actores políticos, es decir, la “conciencia práctica” que, conforme Guidens, refleja un conocimiento implícito que los actores ponen en juego en la interacción social.

Las preguntas al principio formuladas tienden a estar supeditadas a los márgenes de acción que puede llegar a brindar un próximo gobierno peronista, teniendo en cuenta dos características que le son muy propias: por una parte, una concepción “realista” del fenómeno político y, por otra, capacidad de monopolizar la decisión política para estabilizar desequilibrios originados por la dinámica que impone la puja de intereses sectoriales. A su vez, el reproche gira en torno a las intenciones de sobrepasar las reglas y la dinámica de las instituciones republicanas, lo que va a reforzar aún más, la capacidad del Gobierno para tomar decisiones y ejercer el poder de una forma más concentrada.

Desde el punto de vista institucionalista, el Peronismo se ha caracterizado por el manejo  discrecional de los arreglos institucionales, los cuales acaban privilegiando la imposición de intereses sectoriales o corporativos. Conforme esta perspectiva, que se posiciona como quien vislumbra las perspectivas democráticas, resultaría cada vez más engorroso la construcción de acuerdos intersectoriales que reflejen el “interés general”. Por lo tanto, desde este punto de vista, la gobernabilidad democrática en la Argentina necesita de actores racionales que orienten sus preferencias hacia la cimentación de consensos políticos.

Los procesos políticos de la última década, si se observa el contexto histórico argentino y regional, se caracterizan por el incremento de las prácticas “decisionistas” en el ejercicio del poder. Luego de haber estado plenamente vigentes en Latam, imposiciones de una modernización globalizada que impulsó la doctrina del “Estado mínimo”. Renovadas expectativas en un mundo que buscaba disimular el papel de la política en el contexto de “la muerte de las ideologías”, lo cual había engendrado el sueño de una sociedad sin antagonismos ni sujetos colectivos. La resignificación de la política como espacio de confrontaciones y de acuerdos exigió visiones renovadas de la política y de la democracia.

Si se considera al Peronismo como una fuerza política que se reconfigura, en función de la correlación de fuerzas e intereses y cuya representación se expresa en la ampliación de contenidos democráticos, en términos de mayor equidad social, la negociación de las cuotas de poder en el interior del partido no puede estar separada de la competencia por los actores colectivos. En el Peronismo no hay un jefe que determine la arena de la negociación. El factor determinante está constituido por las cuotas de poder que están en juego y la capacidad para representar las preferencias de un sujeto colectivo.

Sin embargo, la dinámica de la conducción política se contrapone a la rigidez de las instituciones formales y a las restricciones que éstas suelen imponer a los procesos de cambio y de transformación de las estructuras sociales. En el Peronismo se negocia entre pares para delegar poder, y la garantía de la negociación es la eficacia en el ejercicio del poder, tanto hacia adentro del movimiento como del Gobierno (la eficacia del gobierno es lo determinante antes que el apego a la doctrina).

Algunos aportes a modo de conclusión

Durante la última década, la gestión del Peronismo reconfiguró los ejes del modelo de “sociedad de mercado” por un nuevo paradigma que tiene en su centro la recuperación de la soberanía de lo político. Esto comprendió desplegar una agenda de consenso que pueda abordar la dinámica del ejercicio del poder político en un escenario de creciente confrontación de intereses sectoriales y, a su vez, un programa de gobierno que, sin dejar de reconocer la complejidad de los problemas a resolver, se proponga fundamentalmente atender tres cuestiones: 1) constante crecimiento de demandas de inclusión social que deben ser dirigidas a conseguir niveles más sólidos de integración socioeconómica. 2) demandas que exigen decisiones públicas eficientes de corto plazo, pero que también reclaman intervenciones planificadas de mediano plazo. 3) debilidad de los partidos políticos que requieren una nueva institucionalidad, a su vez, promover la formación de dirigentes que superen el “amateurismo político” y el liderazgo gerencialista. Fragmentación de las opciones políticas, fenómeno que se fue transformando desde la crisis de representación de los partidos hasta llegar a la consolidación de las coaliciones partidarias. Éstas deben ser incentivadas a consolidar alianzas que tiendan a fortalecer el Congreso como un espacio fundamental de negociaciones y consensos.

Referencias

Bobbio, N.; Matteucci, N. & Pasquino, G. (1998). Diccionario de ciencia política. México, Siglo XXI.
Camou, A (Ed.) (2001). Los desafíos de la gobernabilidad. México; Flacso/IISUNAM.
Laclau, E. (2005). La razón populista. México; Fondo de Cultura Económica.
Linz, J. J. (1991). La quiebra de las democracias. Buenos Aires, Alianza Universidad.
Matus, C. (2007). Los tres cinturones del gobierno. Buenos Aires, Universidad Nac. de la         Matanza; Fundación CIGOB; Fundación ALTADIR.
Mouffe, Ch. (2007). En torno a lo político. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Elizalde, L.; Fernández Pedemonte, D. & Riorda, M.; (2006). La construcción del consenso: gestión de la comunicación gubernamental. Buenos Aires: La Crujía.
Schmitt, Carl (1998). El concepto de lo político. Madrid, Alianza.
Schmitt, Carl (1985). Teología Política. Buenos Aires. Ed. Struhart & Cía.
Sidecaro, R. (2002). Los tres peronismos: Estado y poder económico. Buenos Aires, Siglo XXI.




Notas


[1]      ‘capacidad de gobierno’ se define como la combinación de experticia y liderazgo político que resulta en la capacidad de tomar decisiones y lograr asentimiento democrático. (Matus, 2010).
[2]      Se hace referencia a como los actores populares se sienten implicados en los espacios de participación que se reconocen en una determinada modalidad de toma de decisiones, siguiendo los lineamientos de Laclau en “La razón populista”.
[3]      “Soberano es quien decide en el estado de excepción” (Schmitt, 1998)


  
Gabriel Tolosa. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) de Argentina.
            

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