Una aproximación teórica a la política contenciosa / José Manuel Mejía

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El estudio de lo contencioso representa un tópico de especial relevancia para la comprensión de la dinámica política en el Perú. Si bien una parte de ella se enmarca en las instituciones y actores constituidos como miembros del sistema político, otra gran parte de la política desborda la dimensión institucional. A continuación se presenta el enfoque de la política contenciosa como una herramienta de utilidad para la comprensión de esa parte de la política que implica interacciones que escapan al desarrollo rutinario y programado de la misma, desarrollándose al margen de las instituciones y constituyendo un desafío para el gobierno y los actores en coalición con aquel.

¿Qué es?

La política adquiere el atributo de contenciosa cuando la acción colectiva que implica es desarrollada “por gente que carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para otros” (Tarrow, 1997, p. 19).

Al conjunto de interacciones entre los desafiadores y el gobierno desarrolladas en la política contenciosa se le denomina contienda política transgresiva.  En dichas interacciones la acción colectiva aparece como innovadora, involucrando reivindicaciones, objetos, autorrepresentaciones y/o medios de carácter novedoso o que se encuentran prohibidos (McAdam, Tarrow, & Tilly, 1995, 2005, p. 8).

Es preciso señalar que la caracterización de la acción colectiva como innovadora se condice con la categoría disruptivo en la obra de Tarrow (1997). La disruptividad de la acción colectiva contenciosa alude a la perturbación del sistema político generada por la inserción de nuevos o vetados actores, reivindicaciones y/o medios. En ese sentido, la expresión que utiliza Tarrow (1997, p. 19) para referirse a la acción colectiva institucionalizada como aquella que “no hace levantar una ceja a nadie”, facilita el entendimiento del carácter innovador y de lo que hay de prohibido en la contienda política transgresiva. Esto es, no es necesario que los medios, reivindicaciones, objetos o autorrepresentaciones se encuentren prohibidos en lo que Carey (2000) denomina parchment institutions, sino que basta con que la acción colectiva contenciosa implique una reivindicación no representada o que ésta perturbe los intereses de los miembros del sistema político o el gobierno, tanto como las coaliciones sobre las que aquellos se sustentan.

Así, la aparición de desafiadores en un proceso político modifica las interacciones entre los actores inmersos en la toma de decisiones vinculantes. El carácter disruptivo de la acción colectiva que aquellos desarrollan se relaciona con: 1) el desafío que esto significa para el gobierno y los actores en coalición frente a los intereses y canales establecidos en el curso de un proceso de decisión, 2) la incertidumbre que genera al desconocerse los efectos y la duración de la acción colectiva contenciosa, y 3) la solidaridad que puede despertar en las poblaciones de referencia (Tarrow, 1997, pp. 191–192).

Entonces, la categoría contencioso es utilizada no solo para referirse a las interacciones políticas entre los actores en conflicto, sino a la posible afectación de los intereses de otros actores a partir del enfrentamiento entre un sujeto-reivindicador y un objeto de la reivindicación.

¿Quiénes son?

Es posible segmentar el conjunto de actores colectivos inmersos en la contienda política entre miembros del sistema político y desafiadores, de acuerdo a la capacidad que tienen aquellos para hacer uso de los recursos políticos del gobierno (Tilly, 1978, pp. 52–53, 2000, pp. 4–5). Los desafiadores son actores políticos constituidos –con una etiqueta, organización interna e interacciones recurrentes con los demás actores en contienda– que carecen de acceso rutinario a dichos recursos (McAdam et al., 2005, p. 13). La categoría desafiador resulta opuesta a la de miembros del sistema político en cuanto estos últimos se encuentran en coalición con el gobierno y han logrado el acceso a los recursos que concentra este último. Los recursos políticos disponibles constituyen todo medio por el cual los actores colectivos pueden influir en la toma de decisiones políticas.

¿Qué hacen?

Como bien señalaban Eisinger (1973, p. 15)y Lipsky (1968, p. 1144)con otra nomenclatura, los grupos relativamente pobres en recursos políticos –aquellos que no cuentan con acceso a los recursos políticos que dispone el gobierno– utilizan la protesta como recurso para ejercer presión sobre el gobierno y satisfacer sus necesidades e intereses.

Considérese que los repertorios violentos muchas veces pueden resultar efectivos para los fines políticos de los desafiadores en cuanto por este medio se acercan a la consecución del interés que los involucra. Sin embargo, no siempre los repertorios violentos maximizan los costos sino que representan apuestas mayores. Para los desafiadores inmersos en la protesta, lo racional consiste en superar las limitaciones en cuanto a los recursos políticos disponibles y potenciar el uso de los recursos con los que cuentan (Eisinger, 1973, p. 13).

El desarrollo de la protesta política representa una apuesta fuerte para las organizaciones que emprenden la acción colectiva contenciosa. Nótese que para los desafiadores el desarrollar la protesta implica un desgaste en la capacidad de movilización, organización, así como en el enmarcamiento de sus reivindicaciones. De tal forma que una vez realizada la acción colectiva contenciosa dichas organizaciones deben acumular nuevamente estos recursos propios del desarrollo de la protesta política y esperar las condiciones propicias para su ejercicio.

La apuesta que implica para los desafiadores realizar una protesta en un contexto específico busca modificar las relaciones entre los actores y las condiciones en que estos negocian sus reivindicaciones. En tal sentido si bien es cierto que la decisión de emprender la acción colectiva contenciosa resulta de un análisis racional, el desarrollo de la protesta no siempre significa una minimización de costos y una maximización del impacto de sus recursos políticos.

Una vez realizada la apuesta por la protesta, los resultados de las nuevas interacciones pueden resultar favorables o no para el desafiador, y una nueva apuesta en este mismo sentido puede ser más difícil de sustentar pues los recursos que demanda la movilización pueden desgastarse rápidamente dependiendo de la respuesta de los demás actores en juego o en función a la comprensión y solidaridad que encuentren en las poblaciones de referencia (Lipsky, 1968, p. 1146).

Referencias

Carey, J. M. (2000). Parchment, Equilibria, and Institutions. Comparative Political Studies, 33(6-7), 735–761. doi:10.1177/001041400003300603
Eisinger, P. K. (1973). The Conditions of Protest Behavior in American Cities. The American Political Science Review, 67(1), 11–28. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1958525?origin=JSTOR-pdf
Lipsky, M. (1968). Protest as a political resource. The American Political Science Review, 62(4), 1144–1158. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1953909?origin=JSTOR-pdf
McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (1995). To Map Contentious Politics. Columbia.
McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2005). Dinámica de la contienda política. Barcelona: Editorial Hacer.
Tarrow, S. (1997). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza Editorial.
Tilly, C. (1978). From Mobilization to Revolution. New York: Random House.
Tilly, C. (2000). Processes and Mechanisms of Democratization. Sociological Theory, 18(1), 1–16. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/223279



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