Canon y universidades / Víctor Falconí Miñano

16:56:00


El proyecto Reforma de la actual Ley Universitaria N°23733, que se debate en la Comisión de Educación del Congreso de la República, ha sido blanco de críticas de todo calibre. Se trata de una reforma que en buena cuenta se propone limitar drásticamente el poder desmedido que rectores, empresarios de la educación superior y docentes ejercen sobre las más de 90 universidades peruanas (42 de ellas públicas).

Si bien la referida comisión viene debatiendo, recogiendo información y elaborando el dictamen desde septiembre de 2011, parece que la mayoría de analistas, políticos y estudiantes recién se percataron de su existencia hace pocas semanas. Esta ausencia ha servido como piedra de toque para que dirigentes estudiantiles, docentes universitarios y la Asamblea Nacional de Rectores pidan su “archivamiento”.[1]

Con el respaldo de un sector de estudiantes que poco o nada ha leído del citado documento y un temor común a que dañe la “autonomía universitaria”, los críticos han puesto sobre la mesa dos cuestionamientos bastante recurrentes: ¿Cómo tener universidades nacionales que investiguen y desarrollen tecnología sin presupuesto? Y ¿Cómo pretende el Estado fiscalizar a todas las universidades peruanas, incluyendo las privadas, cuando ni siquiera asigna recursos a las universidades públicas?

Más adelante, observaremos que estos cuestionamientos no tienen una base del todo real, y que por el contrario podrían llevar a cuestionar la verdadera capacidad de gestión que tienen los sectores que la enuncian. Pero comencemos por dar un repaso al contexto socioeconómico y político en que se inscribe el debate.

Liberalización educativa y “boom económico”

A inicios de la década de 1990, el gobierno fujimorista dictó un paquete de leyes que liberalizaron la educación superior, amparándose en el ideario popular que percibía el surgimiento de una universidad como motor de (en desmedro de la educación técnica).[2]Bajo su amparo han surgido innumerables universidades privadas y públicas, muchas de ellas por el mero afán de lucro o protagonismo político, deformando los ideales históricos imbuidos por los principios de “Reforma de Córdova” a inicios del siglo XX.[3]

Al compás del “boom económico” vivido en los últimos años, el presupuesto de las universidades públicas ha crecido hasta los S/.4450 millones (150%), cifra cercana al 3.44% del PBI que aún está lejos de alcanzar el 6% consagrado como objetivo en el Acuerdo Nacional.[4]Tomando como referencia los 309 175 alumnos matriculados en universidades públicas en 2010, tenemos que cada uno de ellos recibe S/.13 772 de inversión anual –y nominal- por parte del Estado.

Este gasto es mayor que el realizado por la mayoría de los 473 795 alumnos de universidades privadas (bajo pago escalonado y en carreras de humanidades y ciencias básicas). Pero, lo más grave es que el nivel de la enseñanza en las universidades públicas no ha mejorado, las actividades de investigación y proyección social brillan por su ausencia, y son cada vez más frecuentes los cuestionamientos a la calidad ética y académica de los profesionales que arrojan al mercado laboral.

Una importante encuesta realizada por el Grupo Apoyo en Junio del 2012 refleja perfectamente esta dramática situación: 6 de cada 10 encuestados consideraron que la educación recibida en universidades públicas y privadas no resultaba relevante para obtener un empleo. Para esa mayoría,  consideraciones como “la experiencia previa” (53%), “habilidades de liderazgo” (48%), las “conexiones/contactos” (45%) y las “habilidades interpersonales y afectivas” (38%) resultan más importantes para lograr un puesto de trabajo que la “ética” (35%) y los “conocimientos adicionales” (24%).[5]

¿Cuánto dinero del canon minero va a las universidades?

Según la Ley N°27506 (y su modificatoria, Ley N°28077) la mitad del Impuesto a la Renta por actividades mineras conforma lo que conocemos como canon minero. De este total, 10% va a las arcas del distrito productor, 25% a todos los distritos de la provincia productora (incluyendo nuevamente al distrito productor), y un 40% entre todas las provincias de la región productora. El 25% restante que va directamente a los Gobiernos Regionales, destinando 20% al financiamiento de obras públicas de impacto regional y local. El 5% que nos queda va directamente a las universidades públicas e institutos “con la condición que se destine a inversión en investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo regional”.[6]

Sin embargo, la distribución de estos montos es desigual y no parece haber generado un impacto sustancial en la prevención y gestión de la conflictividad social. Por ejemplo, en 2012 aproximadamente 9 de cada 10 soles de dicho canon se destinó a las 10 regiones que concentran más de la mitad de los conflictos socioambientales del país. Por otro lado, Ancash es la región que mayor conflictividad social (33 casos) pero también la que más recibe por concepto de canon minero (S/. 951 millones). La siguen Arequipa (8 conflictos y S/. 753 millones) Cajamarca (S/. 512 millones) y La Libertad (S/. 510 millones). Puno es la tercera región en conflictividad social del país, a pesar de que recibe S/. 293 millones por canon.[7]

Siguiendo este patrón, desde 1996 el Gobierno Nacional ha transferido a las regiones un aproximado de S/. 29 mil millones por canon minero y, desde el anterior gobierno hasta el actual, los Gobiernos Regionales han transferido a sus universidades cerca de S/. 1084 millones, y solo durante el 2012 se repartieron otros S/. 203 millones. Es así que tenemos universidades nacionales con millonarias cuentas bancarias destinadas exclusivamente a financiar “proyectos de investigación y desarrollo tecnológico”, como la San Antonio Abad del Cusco (S/. 141 millones), Antúnez de Mayolo de Huaraz (S/. 53 millones), Nacional de Moquegua (S/. 46 millones aprox.), San Agustín de Arequipa (S/. 43.5 millones aprox.) y la San Cristóbal de Huamanga (S/. 43.5 millones aprox.).[8]

Estas cifras son de especial interés si tomamos en cuenta el reclamo constante y justo de docentes y estudiantes por la asignación de un mayor presupuesto para investigación científica con “proyección a las necesidades regionales” y la producción de centros de investigación científica y experimentación, tal como lo estipula la ley actual.[9]

¿Cuánto de estos fondos utilizan realmente las universidades públicas?

En teoría, estos montos deberían ser destinados, por ejemplo, a diagnosticar y mejorar la producción agropecuaria en zonas altoandinas (principales productores de minerales), mejorar los sistemas de nutrición en población infantil, elaborar líneas de base que facilite la prevención de conflictos sociales, incluso proyectos de inventario arqueológico y promoción turística.

Sin embargo, en la práctica quienes administran las universidades no han sido capaces de generar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Tampoco han sido capaces de generar convenios institucionales con gobiernos locales o sus pares privados para atender las demandas de las poblaciones más vulnerables del país. Peor aún, entre 2006 y 2010 el uso de estos montos disponibles se habría reducido en un 78%, según un informe de la Contraloría General de la República.[10]

Si bien este informe refiere que la reducción obedece a la “falta de condiciones para el desarrollo de proyectos de investigación”, no se precisa si es por la falta de necesidades de investigación (cosa absurda en un país con crecimiento económico y desarrollo desigual), porque la universidad no difunde adecuadamente los mecanismos para generar grupos de investigación, por la falta de implementación y personal adecuados para mejorar sus centros de investigación y proyección social, o la archiconocida corrupción interna que exige “donaciones y apoyos” para que directores de escuela, decanos y demás autoridades universitarias aprueben los financiamientos.

Para explicar mejor esta situación, recordemos que las universidades públicas que más investigación realizan en el Perú (UNMSM, UNI, UNALM)  no son las que más fondos del canon reciben. Por el contrario, las 5 primeras con mayor canon apenas suman todas juntas un 10.1% de avance en su ejecución, hasta junio del 2013.[11]Curioso es el caso de la región Cajamarca que posee 3 universidades públicas[12] y cuenta con casi S/. 57 millones por canon, pero todas juntas apenas han usado el 1.5% de ese total.

Por supuesto no faltan quienes culpan al Gobierno Nacional por poner trabas con el “engorroso” SNIP.[13]Sin embargo, lo cierto es que la verdadera traba para la aprobación de proyectos de investigación es el escaso compromiso y voluntad política de las autoridades universitarias de turno. Todavía peor resulta que algunas de ellas se comprometan todos los años “a no gastar nada”: la Universidad del Santa (S/. 31 millones sin usar), La Cantuta (S/. 215 mil sin usar), Villarreal (S/. 113 mil sin usar), “San Marcos” (casi S/.180 mil sin usar), Universidad Nacional de Ingeniería (S/. 119 mil sin uso) o Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo (escasos S/59 mil que tampoco se usan) pese a los valiosos esfuerzos de algunos docentes y alumnos por producir ciencia y tecnología.

Conclusiones

  • La ANR hasta hoy no cumple con su obligación anual de publicar informes sobre la realidad universitaria nacional donde se demuestre su compatibilidad con las principales políticas públicas (art.92° de la Ley N°23733) en materia de salud, educación, tecnología, etc. Incluso aduce no poder fiscalizar lo que cada uno de sus miembros realiza. Y en este punto, y con los datos presentados, parece tampoco querer asumir, más aún si tenemos en cuenta las declaraciones del Presidente de la ANR, Sr. Orlando Velásquez quien tilda de “engendro”[14]cualquier posibilidad de construir un ente supervisor de la educación superior tal como pasa en otras áreas donde existen comprometidos fondos públicos y privados (INDECOPI, OEFA, OSINERG, DIGESA, etc.).


  • Como sabemos, hay mucho dinero público y privado en todas las universidades peruanas y quienes hoy poseen su administración realmente no desean modificar esta situación, vulnerando así las posibilidades de crecimiento profesional de docentes y alumnos. En muchos casos, buena parte de los fondos públicos ni siquiera han sido utilizados y se pretende exigir aún más sin que la ANR y sus operadores políticos den muestras de querer enrumbar las cosas.


  • En el caso de los alumnos universitarios, aun cuando hay una enorme pasividad respecto a los temas de política en general[15], incluyendo la que atañe a la educación superior, es más preocupante que entes tradicionales como la FEP y muchos grupos estudiantiles hoy vinculados al “Frente Amplio” planteen sus críticas sobre todo a los derechos políticos y asistencia social de los universitarios (voto universal para elegir autoridades, gratuidad absoluta sin restricciones académicas) planteando incluso el archivamiento de cualquier propuesta actual aun cuando es perfectible, y ello coincide justamente con la postura de los miembros de la ANR.


  • Desconocen -o parecen desconocer- varios dirigentes estudiantiles que los principales reclamos estudiantiles se dirigen a fiscalizar la labor docente, exigir la eliminación de los centros preuniversitarios y los cobros abusivos de universidades privadas y públicas en el tema del pago escalonado y de trámites burocráticos para obtener el título profesional y así mejorar sus posibilidades de obtener empleo. Esas vetas no se aprovechan lo suficiente por considerar -de manera negativa- que solo son "reclamos reactivos".


  • La actual propuesta de reforma es totalmente perfectible y sí, es necesario que se difundan más sus aspectos positivos (la creación del SUNEU, plantear estándares para promoción docente y acreditación y/o creación de universidades, uso de fondos públicos y privados para becas, aumento del canon para investigación, rendición de cuentas de los fondos utilizados ante el SUNEU y la Contraloría, regulación del alza de tarifas universitarias, etc.); como también los debatibles (composición de miembros del SUNEU, cantidad de ciclos que se debe permanecer tras el período regular, etc.).


  • Pero postergar demasiado (6 meses o 1 año) la discusión y aprobación de una nueva Ley Universitaria – su reforma[16]- estando ad portas de procesos electorales (2014 y 2016) solo beneficia a quienes ni siquiera han utilizado bien –o se han comprometido a no usar- los fondos para investigación y desarrollo (203 millones de soles de canon en 2012): las autoridades docentes de las universidades públicas y los promotores de universidades privadas que no contribuyen casi en nada al desarrollo científico y productivo del país y que se amparan en una “autonomía” casi disfrazada de impunidad. Estamos contra el tiempo.




[1]Cf. Federación de Estudiantes del Perú (FEP). “Pronunciamiento”. 05 de julio de 2013. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599558133422696&set=a.264278223617357.68139.258324130879433&type=1&theater>
[2] Cf. Decreto Legislativo N° 882, Ley de Promoción de la Inversión en Educación. En: <http://www.unmsm.edu.pe/reforma/descargables/leyesuniversitarias/00882%20dec%20leg%20promoci%F3n%20inversi%F3n%20edu.pdf>
[3]La Reforma de Córdova (Argentina) planteada por los estudiantes universitarios en 1918 buscaba modernizar la educación superior alejándola de las propuestas conservadoras y proponiendo una “autonomía” centrada en la mejora académica y la proyección social. En el Perú dichas propuestas fueron tomadas por la generación que vivió el “Oncenio de Leguía” y luego formó el APRA (liderada por Víctor Raúl Haya de la Torre) y el Partido Socialista (liderada por José Carlos Mariátegui). Cf. HERMO, Javier Pablo y Cecilia PITTELLI. La Reforma Universitaria de Córdoba (Argentina) de 1918. Su influencia en el origen de un renovado pensamiento emancipatorio en América Latina. En: Apuntes de la Reforma Universitaria de Córdoba, diciembre de 2009.
[4]Para revisar las cifras presentadas se puede visitar el Portal de Consulta Amigable del MEF:
[5]Ipsos Apoyo. Encuesta CADE Universitario 2012. Preparado para IPAE CADE. La Punta: junio de 2012. http://www.slideshare.net/CADEPERU/resultados-encuesta-de-ipsos-apoyo
[6] Cf. Sociedad Nacional de Minería y petróleo. “Reporte Canon Minero: Transferencias 2012”.
También, Cf. Portal de Consulta Amigable del MEF: <http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>
[8]Para revisar las cifras presentadas se puede visitar el Portal de Consulta Amigable del MEF:
[9] Cf. Ley Universitaria N°23733. Artículos Cuarto y Quinto.
[10]Cf. Contraloría General de la República. Informe N°701-2011-CG/EA-IM “Estudio sobre la problemática de las Universidades Nacionales. Departamento de Entidades Autónomas, Lima: 2011.<http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/a11b2aef-17f0-4a92-9052-ab9f01f309f3/Informe_N701-2011-CG-EA-IM.pdf?MOD=AJPERES>. Resulta importante precisar que esta entidad está prohibida de ingresar y monitorear a cualquier Universidad (pública o privada) a menos que el Rector lo pida expresamente. Por supuesto esto nunca sucede porque supuestamente vulneraría la autonomía universitaria. Una cómoda excusa para los rectores.
[11]San Antonio Abad (1.3% de avance de ejecución del canon), Antúnez de Mayolo (2.2%), Nacional de Moquegua (1.1%), San Agustín de Arequipa (5.5%) y San Cristóbal de Huamanga (0.4%).
[12]Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional de Jaén y Universidad Nacional de Chota.
[13]Todos sabemos que si algunos proyectos pasan los 8 millones de soles de presupuesto, estos deben seguir los procedimientos que demanda el SNIP.
[14]Cf. Consuelo Alonso. “En nombre de la fiscalización quieren cerrar universidades” Entrevista a Orlando Velásquez Benites, Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y Rector en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). En: La República, martes 04 de junio de 2013. <http://www.larepublica.pe/04-06-2013/en-nombre-de-la-fiscalizacion-quieren-cerrar-universidades>
[15]Ipsos Apoyo. Encuesta CADE Universitario 2012. Preparado para IPAE CADE. La Punta: junio de 2012. http://www.slideshare.net/CADEPERU/resultados-encuesta-de-ipsos-apoyo
[16]Cf. Congreso de la República. Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Periodo anual 2012-2013, Segunda Legislatura Ordinaría. <http://es.scribd.com/doc/148059036/Predictamen-de-Nueva-Ley-Universitaria-Comision-de-Educacion-Juventud-y-Deporte-CR-03-06-13>

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