Algunas consideraciones sobre el conflicto armado interno / Iván Ramírez

10:44:00


Hace poco sostuve una discusión con algunas personas militantes o simpatizantes de agrupaciones de filiación senderista. El intercambio de los argumentos que surgieron en estos diálogos me resulta interesante porque las narrativas pro-senderistas sobre el conflicto toman impulso a partir de las grietas que presenta el espacio discursivo sobre el tema, hegemonizado por la constante tensión entre una derecha conservadora que desprecia la importancia del respeto a los DDHH y promueve una versión militarista de los hechos, y una comunidad activista -nucleada en torno a una agenda de Derechos Humanos- que parece haber quedado estancada en los llamados a recobrar la memoria histórica y solidarizarnos con las víctimas. En esa línea, este texto presenta argumentos para rebatir algunas de las razones que el MOVADEF usa para sustentar su propuesta de amnistía y justificar las acciones del PCP-SL durante el conflicto, a la par que elabora algunas reflexiones en torno a los límites de las narrativas vigentes sobre dicha etapa de nuestra historia reciente.

El conflicto y sus denominaciones

Un argumento que sirve de base a las organizaciones filosenderistas para defender la propuesta de amnistía es que lo que vivió el Perú fue, estrictamente, una “guerra política”. Como tal, sus consecuencias han sido fundamentalmente políticas, y la resolución de estas pasa por una salida política. En esta mirada, la guerra nos trajo una Constitución autoritaria, una legislación antiterrorista cuyo verdadero objetivo es el de criminalizar las protestas sociales y una serie de suplicios emocionales derivados de la imposibilidad de muchas familias por conocer el paradero de sus parientes desaparecidos. La amnistía, desde esta perspectiva, no solo perdonaría los crímenes que diversos actores cometieron durante el conflicto, sino que haría que los militares revelaran el paradero de las personas desaparecidas (ya no tendrían miedo de hacerlo pues la justicia no los castigaría por ello), brindando paz a los familiares de las víctimas. Así, cada actor del conflicto podría sincerar su discurso y asumir sus responsabilidades sobre la guerra. Sería este el primer paso para formar luego un bloque político que busque profundizar los alcances de la reconciliación, promoviendo la creación de una nueva constitución y la derogación de las leyes que niegan los derechos fundamentales de los ciudadanos[1].

El problema de este argumento no es solo el carácter altamente especulativo de lo que constituirían los “beneficios” de la amnistía, sino también la manera en que la denominación “guerra política” imagina las causas del conflicto. Este concepto, igual que el de “guerra civil”, supone que lo que hubo en el Perú entre los años 1980 y 2000 fue el enfrentamiento entre dos sectores de la población con programas políticos opuestos. Esto no es cierto: Sendero nunca constituyó un actor que representase segmentos significativos del campo popular, ni se posicionó como una organización líder de movilizaciones políticas amplias. Por el contrario, a fines de los setenta, el escenario de partidos de izquierda que pugnaban por ganar la hegemonía del campo popular veían el dogmatismo senderista y propuesta violentista como un proyecto cada vez más anacrónico para un país que iba abriéndose a una transición a la democracia[2].

Es cierto, sin embargo, que la academia nacional no ha brindado mayores reflexiones sobre la necesidad de denominar de tal cual forma el periodo de violencia. Membretes como “violencia política”, “guerra civil”, “época del terrorismo”, “conflicto armado interno” van y vienen sin que realicemos mayores distinciones respecto de las implicancias de uno u otro. De hecho, esta dispersión conceptual es tan extendida, que el término oficialmente designado, “conflicto armado interno”, es usado casi exclusivamente por quienes estamos vinculados con el tema desde la academia.

La contrasubversión y el “carácter revolucionario” de Sendero Luminoso

Como se sabe, un factor crucial en la derrota del PCP-SL fue la creación de rondas campesinas, y su alianza con el cuerpo militar. Quienes simpatizan con el actuar senderista afirman que se trató de una alianza ilegítima, en donde los ronderos no fueron sino una creación paramilitar de las FFAA para ejercer una labor “contrarrevolucionaria”. Esta crítica normalmente es acompañada de una imprecación hacia la “política genocida del Estado peruano”, cuya estrategia contrasubversiva estuvo llena de crímenes de toda índole.

Lo primero que aquí cabe preguntarse es qué se quiere dar a entender cuando se sugiere el carácter ilegítimo de esta alianza entre militares y ronderos. Cuando una organización armada militarme (digamos, Sendero Luminoso) llega a una situación en la cual comienza a someter por la fuerza a un sector de la población (digamos, comunidades campesinas), mediante castigos físicos o “ajusticiamientos”, la población que está siendo agredida tiene el derecho a buscar formas de responder. Para el caso específico, se establecieron alianzas con militares. Por supuesto, éstos habían cometido atrocidades en el campo, pero desde 1989 la estrategia contrasubversiva cambia y abandona el formato de “tierra arrasada”. Esto no significó la ausencia de crímenes por parte de agentes estatales, pero sí su disminución y un estrechamiento de lazos con la población campesina. Esta alianza (no exenta de tensiones), en sí misma, no tiene nada de ilegítima: es una respuesta razonable ante una situación de agresión, generada además por una agrupación que le declaró la guerra al Estado y a todo aquel que se le opusiera.

La única manera de creer que la alianza mencionada en el párrafo anterior es ilegítima y “contrarrevolucionaria” es partiendo de la premisa de que Sendero lideraba una corriente social extensa que movilizaba demandas populares amplias de justicia social, y que ésta fue detenida por, entre otras cosas, la acción conjunta de rondas y militares. Pero esto no fue así: Sendero no solo fue rechazado por una porción mayoritaria del campo popular, sino que por los mismos campesinos que decía representar, al punto que muchas de las comunidades que simpatizaban en un inicio con Sendero se opusieron luego a sus métodos y fines. Más aún, no fueron pocos los casos en que militantes mismos de Sendero optaban por la deserción, al endurecerse las condiciones bajo las cuales se libraba el conflicto en el campo[3]. Tal fue el aislamiento de Sendero del campo popular, que sus crímenes se dirigieron también contra líderes sindicales, dirigentes de base, militantes de izquierda, etc[4].

A veces, se intenta justificar esto señalando que tales dirigentes aprovechaban sus cargos para robar y obtener beneficios personales, o que estaban aliados con las FFAA y la Policía para delatar a los miembros de Sendero. Para el caso de autoridades en el medio rural, a veces se menciona el hecho que los pobladores pedían que se ajusticiara a las malas autoridades como argumento para legitimar sus atentados.

Lo primera objeción que se puede hacer a esto es que señalar o delatar a un senderista es legítimo en tanto forma de protegerse de potenciales agresores. Más aún cuando la agresión del PCP-SL contra dirigentes sociales fue aumentando con el tiempo. Por lo demás, hay que mencionar que Sendero tenía una red muy eficaz de informantes y delatores con los que vigilaba a las poblaciones que estaban bajo su área de influencia, por lo que la delación era más bien una práctica sistemática en ellos.

Si bien es posible que hubiese dirigentes envueltos en prácticas de corrupción, no deja de ser cierto que los propios senderistas realizaban una serie de acciones con consecuencias similares a la corrupción: mediante saqueos, robos, imposición de cupos, etc. lograban beneficios de grupo usurpando bienes ajenos. Por lo demás, la acusación de corrupción -que podía también carecer de fundamento real- constituyó una estrategia usada por Sendero para deslegitimar a las dirigencias, aislarlas y atentar contra ellas eventualmente[5].

Finalmente, la apelación al “sentimiento popular” como criterio para decidir sobre la vida de alguien no tiene mayores fundamentos, y se presta para usos perversos: supongamos que el día de mañana muchas encuestadoras preguntan a la población si estaría de acuerdo o no en que se le aplique pena de muerte a los presos acusados por terrorismo, y que mayoritariamente se responda “sí”. Imaginemos que, aprovechando dichos resultados, el gobierno realice una maniobra política y lance la propuesta de efectivamente aplicar la pena de muerte a estas personas, a razón de que se trata de un sentimiento extendido. Yo, y muchos otros, nos pronunciaríamos en contra, y supongo que los seguidores o simpatizantes de Sendero también. De hecho, el Perú de hoy es mayoritariamente refractario a Sendero, por lo que si la mayoría es criterio de legitimidad, los senderistas deberían de constatar su poca llegada y, en respuesta a ello, disolver sus actuales organizaciones. Pero ya sabemos que la democracia no se asienta, ni debe de asentarse, ni única ni principalmente, en la dirección que señala la opinión pública, sino en el respeto a ciertos parámetros mínimos de ejercicio ciudadano, la vigencia de derechos civiles y políticos y la fortaleza institucional. Nada de eso se decide en el plano del “sentir popular”, sino en el plano del consenso.

Llama la atención la descalificación de la “política genocida del Estado peruano”, cuando fue justamente eso lo que buscaba Abimael: “inducir a genocidio”, en sus propias palabras. La reacción desmesurada y criminal de las FFAA fue conscientemente anticipada y buscada por Sendero. Por eso, condenar el accionar militar, desde esa perspectiva, debería también de contemplar la condena de la irresponsabilidad e indolencia del mismo Sendero, que de forma premeditada actuó en pos de generar dicha situación. Por lo demás, Luis Arce Borja, director de El Diario Internacional, era también director del mismo periódico en los ochenta (cuando se llamaba solamente El Diario), principal órgano periodístico de Sendero. Aquí, Arce Borja permitía manifestaciones claras de dogmatismo y violencia. Por ejemplo, en “La Entrevista del Siglo”, realizada en julio de 1988, Abimael afirmó que los más conspicuos representantes del revisionismo en el Perú eran el “llamado como etiqueta Partido Comunista Peruano, ése que publica o publicaba Unidad” y Patria Roja; y acto seguido sostiene que: “El revisionismo obviamente es un cáncer, un cáncer que tiene que ser implacablemente barrido, de otra forma no podremos avanzar en la revolución; y recuérdese lo que dijo Lenin, sintéticamente, hay que forjar en dos cuestiones, forjar en la violencia revolucionaria y forjar en la lucha implacable contra el oportunismo, contra el revisionismo”. La cita es una clara expresión del nivel de cerrazón y agresividad que la voluntad senderista era capaz de imaginar como herramientas para lograr sus fines.

¿Dónde está la política?

Hay una interesante objeción que las posturas pro-senderistas hacen sobre la participación de las comunidades campesinas en el conflicto. Cuando se les objeta su autoproclamada representación de las comunidades y demás gente marginada señalando que si esto fuese cierto no se habría cometido asesinatos contra esta misma población y que no habrían existido las rondas como expresión de rechazo a Sendero, se nos dice que las comunidades asumieron una posición política, se aliaron a las fuerzas represoras y se convirtieron así en parte de la guerra.

Detrás de esta respuesta hay algo cierto: la participación campesina en la guerra fue un hecho político. Esta es una clara objeción al sentido común según el cual esta población se encontraba atrapada “entre dos fuegos”, el cual supone una pasividad campesina que no se corresponde con lo ocurrido. Por el contrario, mientras algunos habitantes del campo se aliaron a Sendero, otros formaron parte de comités de autodefensa para colaborar con la lucha contrasubversiva[6]. Esta pasividad campesina ha sido implícitamente dibujada no solo en la mayoría de investigaciones sobre conflicto armado interno, sino también en el discurso de la comunidad de DDHH[7]. No obstante, para aceptar que al carácter político de la participación en el conflicto hay que manejar la reflexión con cuidado, porque mientras que la imagen de la víctima despolitizada se adecúa al discurso del conflicto armado interno, la imagen de la decisión política de la víctima se acerca al discurso de la guerra civil (o la “guerra política”), denominación que no se ajusta a lo ocurrido en el Perú. Me parece que para continuar la discusión al respecto habría que dejar sentado que la politización no hace que la víctima deje de serlo, y habría que preguntarse de qué tipo de politización hablamos, cuáles son las características de este actuar político y cuál es el marco de legitimidad sobre el que se apoya.

¿Quién es terrorista?

En lo personal, me parece que el término “terrorismo” describe adecuadamente lo que significó Sendero Luminoso[8]. Ahora bien,  es cierto que llamar terrorista a todo aquel que protesta para deslegitimar sus reclamos se ha vuelto una práctica común en el sector más irracional de la derecha. Ese uso convenido de “terrorismo” debe de ser señalado y criticado, simplemente porque los móviles y acontecimiento de dichas protestas no encajan en la definición de terrorismo. A los simpatizantes de Sendero les molesta el calificativo “terrorista”; pero si hiciésemos una concesión y aceptásemos dejar de lado dicha palabra, ello no haría mejor a Sendero, que se estructuró como organización militar, señaló la necesidad de que haya derramamiento de sangre, y usaron toda clase de mecanismos de coacción para alcanzar sus objetivos. El uso premeditado del secuestro, “ajusticiamientos”, amenazas, etc. demuestra una voluntad clara de hacer uso sistemático del terror: advertencias como "el partido tiene mil ojos y mil oídos" o "así mueres los soplones/ lacayos del imperio" fueron tácticas pensadas para infundir miedo.

A veces, algunos simpatizantes del senderismo señalan que la violencia no vino solo del PCP-SL, sino de todos los actores que participaron del conflicto, y que por ello habría que calificarlos de “terroristas” a todos, y no solo a los senderistas. Es cierto que el Estado, los militares, los campesinos y Sendero cometieron crímenes. Pero hay que hacer una atigencia: dicha constatación no nos debe de llevar a pensar que todos estos actores son moralmente equiparables. Sendero se organizó como una máquina militar, con intención explícita de asesinar a todos los que se opusieran a su proyecto. Sendero, en ese sentido, es una organización criminal, y cualquiera que participe de una organización de ese corte avala la comisión de crímenes. La responsabilidad del Estado no es precisamente criminal, sino política (no protegieron a la ciudadanía), y por eso tuvo el Estado que organizar una Comisión de la Verdad, y por eso tuvo después que implementar un programa de reparaciones, en el que se estipula que debe de atender a toda esa población que sufrió por culpa de la incapacidad del Estado para protegerla. Las responsabilidades criminales del cuerpo militar han sido ya mencionadas, y son ampliamente discutidas en el campo de los DDHH. Los campesinos, por su parte, no constituyen una organización política, un ente institucional o un partido político; los crímenes cometidos por la población campesina fueron bastante reducidos, y respondieron básicamente a la voluntad de defenderse de los ataques senderistas (y militar, en más de un caso), y a pugnas intestinas entre ellos. Cualquier tipo de crimen cometido por un civil debe de ser sancionado penalmente, exceptuando claro aquellos casos en que se mata a un agresor, pues se entiende que esto ocurrió en ejercicio de la legítima defensa. 

Para que el PCP-SL asuma a cabalidad su responsabilidad tiene que dejar de victimizarse porque sus líderes estén en la cárcel, y tiene que dejar de justificar su accionar durante el conflicto. Sobre los demás, Fujimori y el Grupo Colina están en la cárcel, hay mandos militares enjuiciados, y tenemos un Estado que se ha visto obligado a lanzar un programa de reparaciones como forma de compensar sus responsabilidades políticas. Eso, respecto de las responsabilidades que han podido ser probadas. Es cierto que ha habido serios retrocesos en materia de judicialización de miembros del cuerpo militar, pero ello debe de movilizarnos a incidir sobre el sistema de justicia, y no a elaborar un “borrón y cuenta nueva”, cuyos fundamentos son bastante endebles.








[1] Véase la entrevista a Alfredo Crespo en: Lerner, Dan y Jonathan Diez. “Un Sendero político”. En: Quehacer, n° 187, octubre 2012.
[2] Véase: Hinojosa, Iván. “Sobre parientes pobres y nuevos ricos: las relaciones entre Sendero Luminoso y la izquierda radical peruana”. En: Steve Stern (ed.). Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 1980-1995. Lima: IEP/ UNSCH.
[3] Sobre este punto, el testimonio más explícito está en Gavilán, Lurgio. Memoria de un soldado desconocido. Autobiografías y antropología de la violencia. Lima: IEP. 2012.
[4] Ver: Comisión de la Vedad y Reconciliación. Informe Final. Tomo III: Primera parte, sección segunda, cap. 3: Las organizaciones sociales. Lima: CVR, 2003.
[5] “La división de IU en 1989 facilitó las actividades de Sendero Luminoso en las barriadas de Lima, conforme la fragmentación de la Izquierda en varios partidos más pequeños socavó la confianza popular en la Izquierda, así como en os militantes de base. Igualmente, a nivel local se agudizaron las diferencias partidarias y personales entre los activistas de Izquierda. Sendero Luminoso inició intensas campañas de propaganda a través de El Diario y en las barriadas, acusando a los dirigentes de base de Izquierda de corrupción y de traicionar a la ‘revolución’, en un intento de profundizar la creciente brecha entre los dirigentes y los pobladores. Sendero Luminoso jugaba con la tendencia de parte de los pobladores de sospechar a todo dirigente de corrupción. En un contexto de crisis de los dirigentes, en virtud de sus propios cargos como líderes, eran percibidos como susceptibles de comprometerse con algún tipo de corrupción –la noción de que ‘todo el mundo lo hace’, desde los funcionarios hasta los dirigentes de base, se había convertido en sabiduría popular. De este modo, Sendero Luminoso trató de manipular los sentimientos populares de desconfianza y rabia relacionados a la corrupción para desacreditar a los líderes locales de IU, y simultáneamente, establecer el control sobre las organizaciones locales en las barriadas de Lima. Profundizar las contradicciones dentro de las organizaciones le permitiría a Sendero Luminoso avanzar su presencias en las barriadas y, eventualmente, establecer el control territorial de estas áreas estratégicas”. En: Burt, Jo Marie. Violencia y autoritarios en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori. Lima: IEP/ SER, 2009, pp. 192-193.
[6] Para una etnografía que resalta la agencia campesina en el despliegue de estrategias para sobrellevar el contexto de guerra, véase: del Pino, Ponciano. “Familia, cultura y ‘revolución’. Vida cotidiana en Sendero Luminoso”. En: Steve Stern (ed.). Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 1980-1995. Lima: IEP/ UNSCH, 1999.
[7] Así, se ha señalado que quizás la crítica malintencionada de aquellos sectores que señalan que las ONGs solo reabren heridas, encuentran cierto eco en el hecho de que la acciones que estas promueven por lo general no van más allá de la exposición pública del dolor, siendo pocas las iniciativas que promueven espacios para reflexionar sobre las complejidades del conflicto o para diseñar estrategias concretas de acceder a la ciudadanía. Ver: Agüero, José Carlos, Tamia Portugal y Sebastián Muñoz-Nájar. “Memoria y violencia política”. En: Revista Quehacer, 185, 2012, pp. 61-69.
[8] Más no al MOVADEF. De esta agrupación pueden decirse muchas cosas, pero es claro que no se trata de una organización terrorista.

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