El Convenio 169 de la OIT como recurso para la movilización / Luis Meléndez

12:33:00


En el 2008 y 2009, gran parte de las organizaciones nativas de la amazonía peruana, representada en la AIDESEP, desencadenó actos de protestas por la promulgación de una serie de decretos legislativos concebidos como atentatorios de sus derechos, y que habían sido promulgados por el Ejecutivo en el marco de implementación del TLC con Estados Unidos. En estas protestas las organizaciones indígenas amazónicas tuvieron una marcada injerencia en el escenario político nacional; y su accionar tuvo, como nunca antes, el apoyo de una variopinta gama de personajes e instituciones. Una encuesta nacional de Ipsos Apoyo del 2009 obtuvo como resultado que el 57% de los encuestados creía que los nativos tenían la razón en el conflicto ocurrido con el Estado en dicho año.

¿En qué se fundamentó el respaldo adquirido ante público tan diverso? Si bien en ello intervienen múltiples factores, en esta oportunidad pondremos la lupa en cómo el Convenio 169 de la OIT se convierte en un recurso de protesta que reduce los costos que supone toda movilización. Esto no con la finalidad de ser novedosos en nuestra argumentación, sino simplemente aclarativos con respecto a este proceso.

Construyendo el discurso de protesta

Apelar a narrativas legitimadas es una estrategia necesaria para alcanzar los objetivos propuestos por el grupo movilizado. En un contexto de apertura cultural como el vivido, enmarcar las demandas en un discurso que dramatiza las diferencias culturales y justifica la protesta en la supuesta violación de normativas internacionales que abogan por los derechos indígenas, es un factor determinante para que las demandas resulten comprensibles y justificadas tanto para los integrantes del movimiento como para un sector más amplio de la sociedad.

En los conflictos ocurridos el 2008 y 2009, los nativos amazónicos justificaron sus acciones de protesta mediante el argumento de que el Estado peruano, como país firmante, estaría violando lo pautado en el Convenio 169 de la OIT –como el argumento de la consulta previa– al promulgar una serie de decretos legislativos sin consultarlos con anticipación y que por tal motivo deberían ser derogados de forma inmediata. Alberto Pizango, entonces presidente de la AIDESEP, expuso sistemáticamente discursos como: “Vamos a continuar con las movilizaciones hasta que se deroguen los decretos legislativos Nº 1015 y 1073 y el Gobierno empiece a respetar el Convenio 169 de la OIT” (El Comercio 19-08-08). En ambos años, otros representantes amazónicos se desenvolvieron con un discurso análogo al de Pizango.

Esta narrativa de protesta que resalta la injusticia cometida (violación de lo suscrito por el Convenio 169 de la OIT), al culpable (el Estado peruano), y el objetivo de la movilización (anulación de los decretos legislativos), supone además elementos nuevos que contextualizan el repertorio discursivo tradicional de las organizaciones nativas. Hace tan solo unos lustros el discurso de los derechos humanos en general e indígenas en particular –hoy tan presente en el discurso de los amazónicos– no era conocido por la mayoría de nativos. Incluso, como señala Montoya: “La noción de derecho no existe en ninguna de las doce familias lingüísticas o en las 58 o sesenta lenguas indígenas del país”.[1]

Sin embargo, esta narrativa es constantemente proferida debido a que facilita girar las demandas en torno a una injusticia cometida lo suficientemente legitimada. Muestra de esto es que en las movilizaciones del 2009, gran parte de la sociedad civil manifestó su apoyo a los nativos recurriendo al argumento de la consulta previa que promueve el Convenio 169 de la OIT: una encuesta nacional de Ipsos Apoyo obtuvo como resultado que si bien el 57% de los encuestados cree que los nativos tenían la razón en el conflicto con el Estado en dicho año, un sorprendente 92% dijo que éstos debieron ser consultados antes de promulgarse los decretos legislativos.[2]

Forjando aliados

Esta legitimación adquirida permite que el grupo movilizado expanda su red de aliados que, de manera interesada o desinteresada, y según sus grados de poder, pueden injerir en el éxito de la movilización. En los conflictos abordados, una serie de instituciones –desde Amnistía Internacional hasta la CGTP, pasando por la Defensoría del Pueblo y partidos políticos nacionales– y personajes mediáticos e influyentes –desde una actriz norteamericana de origen peruano (Q’ Orianka Kilcher) hasta un ex presidente (Alejandro Toledo)– crearon una coyuntura en la que lo políticamente correcto era tan evidente que el Congreso de la República se vio presionado a derogar los decretos ley cuestionados. En el 2008 bancadas como Bloque Popular, Alianza Parlamentaria, Unión por el Perú, Unidad Nacional, parte de Unión Nacional, Partido Nacionalista Peruano y la bancada fujimorista, apoyaron la derogatoria de dichos decretos, muchos de ellos sancionando en su argumentación el incumplimiento de la consulta previa que demanda el Convenio 169 de la OIT. Incluso, en el 2009, de manera sorpresiva, hasta el propio presidente Alan García tuvo que admitir finalmente que fue un error no consultar a los nativos.

Generando tensiones en la élite política

Un escenario como el anotado tiende a generar contradicciones en la élite política nacional, entre los sectores más conservadores y los más propensos a las demandas que el proceso de lucha ha logrado legitimar. Esta situación se presenta como una oportunidad política potencial para los nativos, pues aparte de contar con poderosos colaboradores, el grupo opositor tendría dificultades para mantener e imponer sus posturas. En el 2008, ante la decisión del Congreso de la República de derogar los decretos ley, hubo diferentes reacciones por parte del Ejecutivo. Mientras el primer ministro, Jorge del Castillo, afirmó con ánimos de resistencia que el gobierno aún evaluará si observará la derogatoria de la ley, el ministro del ambiente, Antonio Brack, apostó por mantener la decisión del Parlamento e indicó que el único error fue que no se consultó a los nativos, haciendo con ello referencia directa a lo que promueve el organismo internacional antes mencionado.

***
¿Cuál hubiera sido el desenlace de las protestas del 2008 y 2009 sin el respaldo del Convenio 169 de la OIT, y sin su empleo táctico por parte de los nativos? ¿Hubieran podido enmarcar sus demandas a través de otros elementos discursivos socialmente aceptados? Dejando el ámbito de las especulaciones, lo cierto es que dicha normativa internacional jugó un papel crucial en las movilizaciones, pues como hemos apuntado, facilitó la construcción de una narrativa de protesta lo suficientemente legitimada –tanto para los integrantes del movimiento como para personas externas a él–, lo que a su vez permitió el respaldo de una serie de actores e instituciones, y el surgimiento de tensiones al interior de la élite política peruana. Son estos procesos los que en conjunto redujeron los costos de la movilización.



[1] Montoya, Rodrigo. Multiculturalidad y política. Derechos indígenas, ciudadanos y humanos. Lima: Sur Casa de Estudios del Socialismo, 1998, p. 17.
[2] La encuesta de Ipsos Apoyo se realizó con una muestra de 1000 personas de 16 ciudades del país, siendo 3.1% su margen de error.   

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