Los “ojos y oídos”. El rol de las juntas vecinales de seguridad ciudadana en el distrito de San Juan de Lurigancho / Deici Dávila*

17:26:00


Resumen

En el presente artículo se analiza el rol de las juntas vecinales de seguridad ciudadana en el distrito de San Juan de Lurigancho entre 2006 y 2009[1]. Este artículo resume la tesis “Las juntas vecinales en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el distrito de San Juan de Lurigancho (2006-2009)”, sustentada en marzo de 2010 para optar el título de Licenciado en Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Una de las conclusiones de la tesis, que nos interesa poner al debate es: La participación en acciones de seguridad ciudadana generaría mayores vínculos entre los pobladores y las autoridades locales. Asimismo, se generaría una mayor sensibilización respecto a los problemas de la comunidad. Sin embargo, tal como se da y organiza, la participación en seguridad ciudadana se estaría convirtiendo en un mecanismo subsidiario a los intereses de la institución policial.

1. Algunas precisiones del estudio

  • Se realizó ocho entrevistas en profundidad eligiendo a los entrevistados según cuatro criterios: experiencia (más de 7 años formando parte de las juntas vecinales), espacio (representante de cada comisaría del distrito) y sexo (4 de sexo masculino y 4 de sexo femenino). Uso del muestreo por conveniencia.
  • Se realizó ocho entrevistas semi-estructuradas a las siguientes personas: Secretario Técnico del comité de seguridad del distrito (2003 – 2006), Secretario Técnico del comité de seguridad del distrito (2007 – 2010), 2 promotores del proyecto de seguridad ciudadana que ejecutó el Instituto de Defensa Legal (IDL) entre 2003 y 2005 y 4 promotores de las Oficinas de Participación Ciudadana (OPC) de las comisarías Caja de Agua, La Huayrona, 10 de Octubre y Mariscal Cáceres. Uso del muestreo por conveniencia.
  • Se aplicó una ficha de encuesta para obtener información de las OPC de las ocho comisarías que existen en San Juan de Lurigancho.
  • Análisis del estudio de base sobre percepciones y victimización realizado por el IDL en 2003 en San Juan de Lurigancho
  • Análisis del estudio de salida sobre percepciones y victimización realizado por el IDL en 2005 en San Juan de Lurigancho


2. Seguridad ciudadana: Discusión teórica

El concepto seguridad ha transitado desde la Doctrina de Seguridad Nacional[2] promovida por los gobiernos autoritarios en América Latina en la década de 1970, pasando por la noción seguridad pública (un enfoque que considera que la seguridad es una tarea exclusivamente policial), hasta llegar al concepto seguridad ciudadana, que se basa en la democracia, en el fortalecimiento de las instituciones públicas, en la promoción de acciones preventivas y en el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Bajo la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional, la defensa del Estado se convierte en el centro de preocupación. En ese sentido, los “enemigos” del Estado terminan siendo todos los opositores al régimen. En cambio, con las transiciones a la democracia, se promueve una visión de la seguridad centrada en los derechos de las personas. Así, bajo la concepción de seguridad ciudadana, los elementos esenciales para una política pública serán: la prevención del delito, la participación ciudadana, el fortalecimiento de la institución policial y el liderazgo de los gobiernos locales.

Cabe señalar que, para establecer políticas públicas de seguridad ciudadana, la inseguridad se divide en dos aspectos: el objetivo y el subjetivo. La inseguridad objetiva es la tasa de delitos que ocurren en un lapso determinado de tiempo mientras que, la inseguridad subjetiva, es la percepción o miedo sobre hechos que no necesariamente vienen ocurriendo. Ambos elementos son necesarios tomar en cuenta para una política de seguridad ciudadana exitosa.

3. Dilemas de la participación

Para Carol Pateman, la participación es esencial para la formación de un régimen democrático, porque “fomenta el desarrollo humano, intensifica un sentido de eficacia política, reduce el sentido de enajenación respecto a los poderes centrales, nutre una preocupación por los problemas colectivos y contribuye a la formación de una ciudadanía activa y sabia, capaz de tomar un interés más perspicaz por las cuestiones de gobierno”[3]. No obstante, en países donde la institucionalidad democrática es frágil como en el Perú, la participación tiene límites y costos, lo que no permite la consolidación de una ciudadanía activa.

Con el cambio de paradigma de seguridad nacional a seguridad ciudadana, la participación de la comunidad ha adquirido un mayor rol en las políticas dirigidas a disminuir la violencia y la criminalidad. Para Lucía Dammert[4], la participación en seguridad ciudadana se ha traducido en tareas de prevención bajo dos estrategias: reforma policial y consolidación de espacios de participación comunitaria. En el primer caso, se promueve una participación a través de un cambio institucional en la policía, que busca mejorar la relación entre los policías y el vecindario para establecer ámbitos de cooperación en la prevención del delito. En el segundo caso, se trata de asociaciones comunitarias que nacen como respuesta a la ausencia del Estado y que organizan independientemente.

Si bien el rol de la policía es enfrentar la inseguridad ciudadana, dicha institución se encarga principalmente de que la tasa delictual disminuya, sin embargo, la percepción de miedo no se combate solamente con el trabajo policial sino con una mayor participación de los vecinos en las soluciones de los problemas de inseguridad que se dan en sus barrios. En ese sentido, una política de seguridad ciudadana implica atender los factores que erosionan la participación y debilitan el tejido social, ya que un alto nivel de desintegración social se asocia con el aumento en la percepción de inseguridad[5].


Finalmente, siguiendo la clasificación realizada por Lucía Dammert, el caso de las juntas vecinales de seguridad ciudadana en San Juan de Lurigancho sería un ejemplo de acercamiento de la Policía al vecindario para consolidar una relación de apoyo para enfrentar el delito.

4. Lima Metropolitana: seguridad ciudadana y participación

4.1. Los limeños, cada vez más temerosos

A pesar de los optimistas anuncios de logros económicos, la población percibe que vive en un país cada vez más inseguro. Los principales problemas de inseguridad ciudadana que afectan a los peruanos son los delitos de carácter patrimonial (robos al paso, robos en las viviendas y atracos), el vandalismo de las pandillas, la extorsión, la agresión personal y la violencia familiar[6].

¿Qué sucede en Lima Metropolitana?[7] La ciudad capital se encuentra en el puesto décimo del ranking de percepción de inseguridad que lideran las ciudades de Piura (91%), Ayacucho (83%) y Tacna (80%). Asimismo, si bien Lima no lidera la tasa de victimización[8] por hogares (43%), esta cifra sigue siendo alta. Lima Metropolitana se ubica como la cuarta ciudad donde se han cometido más robos al paso (50%) y más atracos (11%), sin embargo, ocupa uno de los últimos lugares en cuanto a robos en vivienda (20%).

En cuanto al uso de arma blanca para cometer los delitos, Lima Metropolitana se encuentra debajo de la tasa media nacional (19%) siendo la ciudad que lidera dicho ranking Chiclayo (44%). Sin embargo, en cuanto al uso de armas de fuego, Lima se encuentra por encima de la tasa media nacional (11%), ocupando el sétimo lugar en el ranking de ciudades. Finalmente, solo el 29% de limeños considera que la Policía cumple una “buena” y “muy buena” labor mientras que el trabajo del serenazgo municipal es mejor apreciado (34%).

En cuanto a la cifra de homicidios[9], según las cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP), esta tasa se ha incrementado a partir del 2002 (2,4), llegando a situarse en 2007 en 9,2. Sin embargo, entre 2008 y 2009, la tasa de homicidios en Lima descendió a 7,2, esta cifra, al compararla con la tasa global de homicidios (entre 8,8 a 17,6 por 100.000 habitantes), ubica a Lima en un nivel de “tasa moderada de mortalidad”.




Por otro lado, el 80,5% de las víctimas que se registraron en Lima Metropolitana, entre 2000 y 2008, fueron hombres, es decir, cuatro de cada cinco víctimas. Con relación a la edad, el grupo que presenta el mayor número de víctimas identificadas es el constituido por los adultos mayores de 29 años (58,2%), seguido por los grupos de jóvenes de 18 a 29 años (34,38%), de adolescentes (4,0%) y de menores de 10 años (3,61%).


En cuanto al vandalismo de las pandillas, en Lima y el Callao existen alrededor de 24 mil pandilleros, según la PNP. Éstos se encuentran organizados en 410 pandillas de barrio, deportivas y escolares. Aproximadamente, el 45% de ellos son menores de edad, en tanto que el 95% son varones.

Finalmente, los problemas de inseguridad ciudadana que se dan en Lima no son fenómenos aislados sino, por el contrario, se dan dentro de un contexto de débil institucionalidad democrática y de problemas estructurales, como la informalidad y la desigualdad, que persisten en niveles preocupantes.
           
4.2. Participación en la política nacional de seguridad ciudadana

En el 2003, se crea la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), por el cual se forman los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana, cuya autoridad máxima son los presidentes regionales y los alcaldes. Asimismo, conforman estos comités, los representantes de diversos sectores públicos (salud, educación, policía, justicia, etc.) y la representación de la ciudadanía. De esta manera, se crea un modelo para resolver la problemática de inseguridad ciudadana a nivel local.

Según la Ley 27933, los comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana deberán tener entre sus miembros a representantes de las juntas vecinales de seguridad ciudadana y de las rondas campesinas, según sea el caso. La ley señala que la representación ciudadana es elegida por los demás miembros del comité, lo cual limita una participación ciudadana autónoma y descentralizada.

Los comités provinciales y distritales son los encargados de promover consultas ciudadanas, tres al año como mínimo, apara que los pobladores se informen, propongan, debatan e intercambien opiniones en esta materia. A estas reuniones pueden acudir los representantes de cualquier tipo de organización social y vecinal.  

Por otro lado, a través de la Oficina de Participación Ciudadana (OPC) que existe en cada comisaría del país, se promueve la organización de las juntas vecinales con el objetivo de promover el apoyo vecinal en las diversas labores de prevención del delito que realizan los efectivos policiales. Estas juntas se organizan a través del “Manual de Procedimientos para la Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana Promovidas por la Policía Nacional del Perú”, que determina el “qué” y el “cómo” deben participar las juntas.

A continuación enumeramos algunos puntos del manual[10] que detallan la visión que tiene la policía respecto a la labor que deben cumplir las juntas vecinales:

a)     Las funciones de las juntas vecinales son: motivar el funcionamiento de las juntas, solicitar capacitaciones, informar sobre hechos policiales, apoyar la organización de nuevas juntas y colaborar en las acciones de emergencia producidas por desastres naturales.
b)     Las juntas vecinales informarán sobre hechos policiales que reconozca; lugares, personas, horarios y modalidades que se dediquen a tráfico ilícito, micro comercialización de drogas, prostitución clandestina, pandillaje pernicioso, contrabando, estafadores o timadores; lugares sospechosos que son utilizados para esconder a personas secuestradas o desaparecidas; entre otros.
c)      Los coordinadores de las juntas vecinales son elegidos por los miembros de las juntas vecinales, sin embargo, el manual también establece que los coordinadores son designados por el comisario “previa evaluación de su activa participación, liderazgo y ascendencia”.

En conclusión, según el citado manual, la formación de las juntas vecinales estaría sujeta a las necesidades de la policía, pues todas sus atribuciones se orientarían a prestar apoyo a la labor policial. A pesar de que en el manual también se especifica el rol de los agentes policiales respecto a las juntas, las sanciones y prohibiciones comprenden solo a los miembros de las juntas vecinales y no existe un mecanismo de fiscalización de la labor policial.

5. Participación en seguridad ciudadana en San Juan de Lurigancho

La población de San Juan de Lurigancho (SJL), según estimaciones del INEI a junio de 2010, representaría alrededor del 12% de la población de la provincia de Lima Según el Censo Nacional 2007, en SJL vivían 898 mil 443 habitantes, de los cuales, el 38% tenía entre 15 y 29 años. Se observa, entonces, que la población del distrito es mayoritariamente joven. Algunos datos sociales señalan que alrededor del 50% de los habitantes de SJL se ubicarían en el nivel socioeconómico D mientras que el 14% pertenecerían al sector E. Así, el nivel de pobreza se expresaría arriba del 60%.

En cuanto al nivel educativo, solo el 38% de jóvenes de 15 años a más en SJL tiene educación superior y, en cuanto a salud, el 75% de los pobladores no cuenta algún tipo de seguro en salud. En cuanto al PEA, esta cifra llega al 59%, de los cuales, el 22% labora como comerciante; el 21%, como obrero o peón; el 18%, como operadores de máquinas y el 14%, como obrero de construcción.

5.1. Las cifras del miedo en San Juan de Lurigancho

Según dos estudios de percepción y victimización realizados por el IDL[11] en 2003 y 2005, los principales problemas de SJL eran la delincuencia, el desempleo y el pandillaje. Asimismo, entre enero y julio de 2009, el 41% de las denuncias interpuestas en las ocho comisarías que existen en el distrito (Zárate, Bayóvar, Canto Rey, La Huayrona, Santa Elizabeth, Caja de Agua, Mariscal Cáceres y 10 de Octubre), fueron por casos de violencia familiar mientras que, el 38%, eran por delitos contra el patrimonio. Esto sin tomar en cuenta las cifras negras de la “no denuncia”.

CUADRO Nº 3
Incidencia delincuencial (DIVTER Este 1 – SJL)
(Enero y julio de 2009)

Tipo de Delitos
Nº de denuncias
C.V.C.S[12].
610
Contra la libertad
305
Contra el patrimonio
2783
Contra la fe pública
53
Contra el orden monetario
59
Terrorismo
0
C. administración pública
21
Actos vandálicos
12
Tenencia ilegal de armas
35
Violencia familiar
3064
otros
453
Total
7395
Fuente: DIVTER Este 1- SJL
Elaboración: propia

En 2003, el 47% de vecinos se sentía “más o menos seguro” viviendo en SJL mientras que el 15% se sentía “muy inseguro”. Dos años después, llama la atención el aumento de “muy inseguro” en 13%. Sin embargo, ante la pregunta, “si en los últimos 6 meses ha sido víctima de un robo o intento de robo”, tanto en 2003 como en 2005, más de 70% responde que no ha sido víctima.

¿Qué significa esta diferencia entre la percepción y la cifra de victimización? Para Carlos Basombrío, la sensación de inseguridad tendría que ver más con el cómo perciben los ciudadanos su entorno y la ciudad donde viven[13] y no tanto con el dato real de victimización. En ese sentido, en distritos donde la mayoría de pobladores vive en condiciones precarias, el sentimiento de inseguridad tendería a ser mayor.

Entre 2003 y 2005, el 80% de los pobladores consideró que estaría dispuesto a participar en organizaciones vecinales de seguridad ciudadana. Esta cifra revela el interés de los pobladores del distrito en participar en las acciones que permitan frenar el crecimiento del delito. Sin embargo, solo alrededor del 30% decía conocer a las juntas vecinales de seguridad ciudadana.

Por otro lado, en esos años, el 72% decían que la Municipalidad no hacía lo suficiente para enfrentar la inseguridad mientras que la desconfianza policial llegaba al 80%. Estos datos resultaban preocupantes porque, entre 2003 y 2005, la aprobación del linchamiento como una manera de atemorizar a los delincuentes aumentó en un 18%.

5.2. Características sociales de las juntas vecinales

De los 288 pobladores inscritos como miembro de una junta vecinal, el 56,5% son varones y el 43,5 % son mujeres. Además, la mayor parte de los pobladores tienen edades que fluctúan entre los 41 y 60 años (56,5%) mientras que un 19,4% tienen de 61 años a más.

¿En qué trabajan los miembros de las juntas vecinales? La mayoría tiene una ocupación independiente (costurera, chofer, albañil, técnico, modista, artesano, carpintero, electricista, mecánico, electricista, seguridad), lo cual representa el 44% del total. Además, hay un número importante de amas que casa que participan en las juntas vecinales (27,7%) y un significativo porcentaje de empleados (16,6%).
  

Una primera conclusión es que el arquetipo del poblador que participa en las juntas vecinales en SJL sería un varón o mujer mayor de 40 años, que trabaja de forma independiente o es ama de casa, es decir, que dispone de un tiempo adaptable para participar en las actividades que realiza esta organización.

5.3. Motivaciones para la participación

Ante la pregunta, ¿qué lo motivó a usted a participar en las juntas vecinales de seguridad ciudadana? Las juntas vecinales señalaron que su decisión de participar se dio por los continuos problemas de inseguridad que afectaban la convivencia de las familias y vecinos del barrio. En ese sentido, el interés en participación parece constituirse a partir de una toma de conciencia sobre la realidad violenta en que se vive y el interés de establecer mecanismos para lograr la pacificación del barrio.

“En vista de que en mi pueblo había mucho el problema del pandillaje, era una delincuencia que no se podía controlar. Yo veía a mis hijos que ellos estaban en el colegio Fe y Alegría y yo iba a recogerlos y les veía que afilaban cuchillos, machetes, lo cual era incontrolable el problema de la delincuencia y el pandillaje, por otro lado, la droga” (Coordinadora de las juntas vecinales Cía. Mariscal Cáceres, 54 años. Entrevistada en San Juan de Lurigancho el 16 de julio de 2009)

“Por la misma necesidad de seguridad de mi sector. Yo vivo no muy lejos de aquí, yo veía bastante delincuencia, sobre todo con los pandilleros. Pero como usted sabe, cada uno defiende su sector como puede. En mi sector, cada vez que veíamos pandilleros, nos enfrentábamos a ellos, de una u otra manera, a guerrazo como se dice” (Asesor de las juntas vecinales Cía. Santa Elizabeth, 36 años. Entrevistado en San Juan de Lurigancho el 18 de octubre de 2009).

5.4. Acciones en seguridad ciudadana

Las juntas vecinales habrían organizado sus acciones de prevención mediante la visión de seguridad que promueve la institución policial: la vigilancia. Las juntas vecinales, entonces, tendrían como máxima tarea apoyar las acciones de vigilancia y brindar información a la policía, pues ellos son los “ojos y oídos” de esta institución.

“Ellos nos comunican de todo lo que pasa en su comunidad. Se dice ojos y oídos, porque ellos son testigos de lo que pasa en la comunidad. En una esquina pueden estar robando, consumiendo droga, cerca de su casa puede haber pandillaje. Entonces, ellos observan eso y en las reuniones comunican” (Promotor OPC Cía. La Huayrona, 47 años. Entrevistada en San Juan de Lurigancho, el 21 de octubre de 2009)

Para los promotores del IDL que trabajaron en 2003 y 2005 en SJL, la visión policial sobre las juntas vecinales, habría dificultado un mayor acercamiento de las juntas con el proyecto de seguridad ciudadana que promovió la Municipalidad de SJL por esos años, ya que, en cada actividad programada, las juntas debían consultar con el comisario de su jurisdicción antes de tomar cualquier decisión.

“La visión [de los policías] no era una visión de promoción de la relación social, era una visión desde la policía, de colaboración siempre al mando de la institución policial. Esa visión policiaca de la seguridad ciudadana, creo que limita mucho el desarrollo de democrático de la seguridad ciudadana…” (Coordinador del proyecto IDL para SJL, 48 años. Entrevistado en San Juan de Lurigancho el 20 de marzo de 2009)

5.5. Toma de decisiones y fiscalización de la labor policial

Hugo Frühling[14] señala que no existiría una situación de igualdad entre los policías y los ciudadanos cuando se coordinan acciones en seguridad ciudadana, pues los primeros representan a la autoridad y, por tanto, se resistirán a ser fiscalizados.  En el caso de SJL, las juntas vecinales consideran que sí tendrían la libertad de dar su opinión sobre las acciones que se llevan a cabo, sin embargo, existirían ciertos límites pautados por el manual de las juntas al que nos referimos con anterioridad.

“Nosotros estamos regidos por un marco legal que nos dice cómo debemos organizarnos, cómo hay que trabajar, que no debemos hacer…” (Coordinadora de las juntas vecinales Cía. Canto Rey, 54 años. Entrevistada en San Juan de Lurigancho el 15 de octubre del 2009).

“Por ejemplo nosotros para ir a reclamar cualquier cosa esto es ya una cadenita, si el mayor lo autoriza bien y si no, no puedes ir más allá, estás limitado. Nos limitan un derecho constitucional de la persona. Yo creo que debe ser más abierto. Porque si el mayor o el comandante es indiferente a la problemática actual entonces tenemos que ir a una instancia superior” (Coordinador de las juntas vecinales Cía. 10 de octubre, 62 años. Entrevistado en San Juan de Lurigancho el 13 de julio de 2009).

De esta manera, la Policía Nacional tendría una visión “paternalista” respecto a las juntas vecinales. Esto se explicaría, en parte, por el rol policial de proteger a la sociedad, pero también por la visión autoritaria heredada del control militar del que fue objeto dicha institución en la década de 1990.

“Las juntas vecinales no son autónomas, no son independientes, desde un comienzo han sido promovidas por la Policía, nosotros tenemos un manual de normas y organización” (Promotor OPC Cía. Caja de Agua, 45 años. Entrevistado en San Juan de Lurigancho el 14 de setiembre de 2009).

“Todas las organizaciones siempre tienen un cariz político, por eso el comando muy sabiamente dentro de la naturaleza de las juntas puso que sean apolíticas. Cuando se dio esta ley hubo cierta desconfianza a que las juntas sean utilizadas políticamente, pero creo que eso más que nada ha sido el asunto, la idea de que todavía no se les a las juntas la autonomía total para que tengan su propio reglamento y se manejen solos” (Promotor OPC Cía. Mariscal Cáceres, 50 años. Entrevistado en San Juan de Lurigancho el 5 de octubre).

5.6. ¿Qué beneficios genera participar en las juntas vecinales?

La permanente vinculación de las juntas vecinales con las autoridades policiales habría contribuido en el fortalecimiento de la ciudadanía de las juntas. Para la mayoría de entrevistados, antes de participar en esta organización, se enfrentaban a la delincuencia como podían (“al guerrazo”), incluso realizando juicios populares.

“Lo que pasa es que ellos [de la Directiva Comunal] no están de acuerdo que hagamos llegar denuncia a la comisaría, ellos quieren hacer su propia justicia. Incluso yo tuve problemas con uno de ellos, habían acordado entre ellos para que maten a esos chicos, eran cinco o seis chicos que robaban, fumaban, molestaban demasiado. Los llevaban a la comisaría y los soltaban porque no encontraban pruebas. Son chicos conocidos, son hijos de aquí. Entonces, quien habla, ya había recibido capacitación, ya estaba participando en la comisaría y me opuse. No se puede ir en contra de la vida de una persona, que nosotros tenemos que ver otra manera de hacer otro tipo de organización. Ellos no están de acuerdo con las junta vecinales, porque ellos lo que quieren hacer es su juicio popular, ¿por qué?, porque ellos dicen que el delincuente nunca va a corregiste” (Coordinadora de las juntas vecinales Cía. Mariscal Cáceres, 54 años. Entrevistada en San Juan de Lurigancho el 13 de julio de 2009).

“…aquí lo que más importa es la democracia y saber escuchar y llegar a acuerdos… Ahorita, lo que están viendo es solo el trabajo de prevención y trabajo de campo de espantar al delincuente y más no ven. Entonces, falta hacer el trabajo integral, desde los colegios, de trabajar con la juventud, para enfrentar las cosas negativas que se suscitan” (Asesora de las juntas vecinales Cía. La Huayrona, 55 años. Entrevistada en San Juan de Lurigancho el 20 de julio de 2009).

5.7. ¿Qué costos genera participar en las juntas vecinales?

Según Martín Tanaka[15], mientras más exigente es el horizonte de participación, se requiere de mayor calificación, tiempo y recursos para participar, por lo que este mecanismo suele excluir a la mayoría de ciudadanos. Si bien la precariedad económica y el escaso tiempo son factores que dificultan una mayor participación, la “ciudadanía” (valores democráticos, reconocimiento de los derechos del “otro”, etc.) que se estaría adquiriendo las juntas vecinales- a medida que se involucran más en la realidad de su distrito y se relacionan con las autoridades locales y policiales - promovería una mayor vocación de continuidad y de permanencia en esta organización vecinal.  

“Nosotros como juntas vecinales caminamos bastante, buscamos apoyo, que sé yo. Pero todo lo hacemos con recursos de nuestro bolsillo. Ya le vuelvo a repetir, yo no estoy porque quiero que me den algo, yo estoy por una vocación de servicio. Si en algún momento la policía reconoce mis servicios, bien gracias. Anteriormente, decían: ¿qué ganamos participando?, ¿acaso nos pagan?” (Coordinadora de las juntas vecinales Cía. Bayóvar, 52 años. Entrevistada en San Juan de Lurigancho el 14 de octubre del 2009).

“El tiempo, los recursos. Muchas veces nosotros no tenemos recursos para movilizarnos. Mira nosotros nos movilizamos a la municipalidad, a la comisaría La Huayrona, a cualquier comisaría que tenemos que movilizarnos por diferentes casos. Tenemos que gastar un dinero, y ya llega hora del almuerzo, hay que almorzar, eso no se perdona, ya hay un recurso que hay que gastar. No son un sol o dos soles, son seis soles o siete soles que te cuesta un menú. El tiempo más que todo que te tienes que dar para participar sea mañana o en la noche…” (Coordinadora de las juntas vecinales Cía. Mariscal Cáceres, 54 años. Entrevistada en San Juan de Lurigancho el 13 de julio de 2009).

Sin embargo, si esta participación no se orientada con responsabilidad, se podría estar fomentando un mecanismo que no diferenciaría su rol de junta vecinal de la labor estrictamente policial. Por ejemplo, algunos entrevistados consideran que las juntas son los “chivos expiatorios” de la institución policial, lo cual, podría confrontar polarizar la convivencia en los barrios.

“Nosotros sabemos dónde venden las cosas, cuando ven un policía el delincuente no sale, pero cuando ven que la civilidad está andando el delincuente sale. Nosotros somos los que avisamos en qué punto hay para que haga las capturas, por eso nosotros somos los que avisamos a la policía, trabajamos en conjunto” (Coordinador de las juntas vecinales Cía. Caja de Agua, 25 años. Entrevistado en San Juan de Lurigancho el 20 de julio de 2009).

“Las juntas vecinales se crearon como su chivo expiatorio de la policía, entonces como la policía netamente no conoce el terreno, optamos por trabajar conjuntamente con la policía, porque quién no conoce su casa, las juntas vecinales hacían eso no: indagar, verificar, de ver donde había bastante delincuencia, donde había fumaderos, donde se expendía licor o drogas” (Asesor de las juntas vecinales Cía. Santa Elizabeth, 36 años. Entrevistado en San Juan de Lurigancho el 18 de octubre del 2009).

5.8. Prevención y control del delito 

Para las juntas vecinales, la inseguridad ciudadana que afecta a sus barrios y al distrito de SJL tiene un origen socio-económico, por lo que se necesita prevenir la delincuencia y el pandillaje a través de programas educativos y laborales.

“Un joven que está en la calle delinquiendo, uno como coordinadora de junta trata de llegar a ese joven y cambiarle su modo de vida, yo creo que estamos haciendo bastante, porque no todo puede ser malo. Yo pienso de que también depende de la sociedad, la sociedad lo hunde más al delincuente cuando le trata de delincuente” (Coordinadora de las juntas vecinales Cía. Bayóvar, 52 años. Entrevistada en San Juan de Lurigancho el 14 de octubre del 2009).

“…el delincuente o el asaltante es por los problemas sociales que existen en este país y que nuestras autoridades no le han tomado la debida importancia, el de educar, el dar trabajo, el de ver por la salud mental de cada peruano. Cada día esto ha ido creciendo. La violencia que es inseguridad también viene porque nuestras autoridades no han sido honestos, surge el resentimiento y de allí surge la violencia, entonces es un todo” (Asesora de las juntas vecinales Cía. La Huayrona, 55 años. Entrevistada en San Juan de Lurigancho el 20 de julio de 2009).

Esta posición contrasta con la información obtenida de las encuestas realizadas por el IDL en 2003 y 2005, donde la mayoría de pobladores de SJL consideró que el gobierno debería crear programas de apoyo a los jóvenes para evitar que caigan en manos de la delincuencia.

5.9. Relación entre los policías y las juntas vecinales

Las juntas vecinales revelan algunas dificultades al momento de organizar sus labores con los efectivos policiales. En primer lugar, se dice, que no todos los miembros policiales observarían de forma positiva el trabajo que realizan porque se consideraría esta labor como una intromisión en sus labores.

“La resistencia de ellos era de que cómo un civil puede estar por encima de la policía, o sea yo particularmente tuve una experiencia en mi comisaría, cuando empecé a trabajar allá, un sector minoritario nos veía como a bichos raros…. hay un sector que no simpatiza con el trabajo de las juntas vecinales, cuando este trabajo es una imagen para la comisaría. Porque hay celos, desconocimiento total, eso en algunos personales policiales” (Coordinadora de las juntas vecinales Cía. Canto Rey, 54 años. Entrevistada en San Juan de Lurigancho el 15 de octubre del 2009).

“No todos los policías tienen esa sensibilización social, se ha hablado mucho de la policía comunitaria que, dentro de su plan de trabajo podría darse, pero en la actualidad la gente es muy maltratada porque en la OPC quien lo conoce sí podría apoyarlo, pero quien no lo conoce, que es el 80% de la comisaría, lo van a tratar mal” (Coordinador de las juntas vecinales Cía. Zárate, 70 años. Entrevistado en San Juan de Lurigancho el 6 de octubre).

En segundo lugar, se habrían generado algunos problemas entre miembros de las juntas vecinales y los comisarios. Se señala que, en algunos casos, la autoridad máxima de las comisarías les exigió acciones que pondrían en peligro su seguridad física. Además, en ocasiones, los comisarios elegirían como coordinador a alguien “de su confianza” sin respetar lo señalado en el manual de las juntas.

“La verdad hace tres años me tocó una experiencia muy triste. [Llorando] Hace tres años o cuatro años, un mayor comisario que, sin decir nada, él llamó a una reunión y sin llamarme, una coordinadora me llama y me dice señora van a hacer cambio de coordinadora general, ¿y quién está diciendo eso? El mayor comisario había escogido de antemano a una persona que tenían que poner. Yo, la verdad, porque yo no permitía que hicieran cosas en la comisaría, como una coordinadora escuchó y dijo, ella era manejable, se agarró y puso una que era manejable para desaparecer las cien juntas vecinales que teníamos, porque el mayor comisario tomaba demasiado…” (Coordinadora de las juntas vecinales Cía. Bayóvar, 52 años. Entrevistada en San Juan de Lurigancho el 14 de octubre del 2009).

Siendo las comisarías el espacio donde la participación en seguridad ciudadana es directa y permanente, las juntas vecinales optan por seguir participando a pesar de las dificultades antes descritas.

5.10. La Municipalidad y las juntas vecinales

Bajo el proyecto de seguridad ciudadana que promovió la Municipalidad de SJL entre el 2003 y 2005, con el apoyo del IDL, las juntas vecinales de seguridad ciudadana tuvieron un acercamiento con la autoridad elegida. La Municipalidad les otorgó materiales logísticos (chalecos y bicicletas) y capacitaciones, que eran dictadas por los profesionales del IDL. Sin embargo, la Municipalidad de SJL no tuvo una mayor iniciativa con esta organización vecinal. 

Las juntas vecinales sostienen que no se sienten reconocidos ni respaldados por la actual autoridad municipal. En su opinión, cuando la Municipalidad de SJL quiere brindar algún tipo de respaldo a las juntas vecinales, es para obtener beneficios políticos.

“Pero yo le digo una cosa, hemos tenido tanto tiempo para poder trabajar con el Alcalde y nunca se hizo, pero de la noche a la mañana dispuso que las unidades de serenazgo apoyen a todas las comisarías ¿qué está tratando de hacer? De llegar a la gente, yo lo veo de ese lado. Porque ha tenido un montón de tiempo en decir, sabes qué vamos a trabajar policía, municipalidad, comunidad, como antes, pero ¿por qué espero hasta ahora?” (Asesor de las juntas vecinales Cía. Santa Elizabeth, 36 años. Entrevistado en San Juan de Lurigancho el 18 de octubre del 2009).

“El año pasado, para el día de las juntas vecinales, por petición de mi persona, solicitamos que nos donen chalecos. Muy bien estaba la donación de chalecos, pero nosotros le dijimos que somos apolíticos, nada de política, nosotros lo hacemos por nuestra comunidad, por nuestro cariño, pero nada de política. Lo que hizo el Alcalde fue nos dio los chalecos todo bonito, pero atrás decía su nombre y eso no nos gustó, por eso hasta la actualidad no usamos los chalecos. Ninguno usa los chalecos” (Coordinador de las juntas vecinales Cía. Caja de Agua, 25 años. Entrevistado en San Juan de Lurigancho el 20 de julio de 2009).

La desconfianza en la autoridad municipal que transmiten las juntas vecinales de seguridad ciudadana se afianzaría por la influencia policial, que señala que lo “mejor” para las juntas es no dejarse influenciar por intereses políticos.

5.11. Promoción de la participación ciudadana
           
Las juntas vecinales cumplen en sus barrios el rol de “vecinos vigilantes” y tienen entre sus tareas la instalación de sirenas y la organización de rondas urbanas entre vecinos y policías. De esta manera, se ha ido formando entre los vecinos una visión de la seguridad centrada en disuadir (“meter miedo”) las acciones delincuenciales, pues las comisarías no cuentan con mayores recursos para llevar a cabo programas de prevención.

“La estrategia es el uso de las sirenas, de los silbatos, los altos parlantes, los módulos de seguridad ciudadana” (Coordinadora de las juntas vecinales Cía. Canto Rey, 54 años. Entrevistada en San Juan de Lurigancho el 15 de octubre del 2009).

“Las charlas y lo que es el patrullaje a pie. Les recomendamos  a las juntas vecinales unirse, en unión de la comunidad” (Asesor de las juntas vecinales Cía. Santa Elizabeth, 36 años. Entrevistado en San Juan de Lurigancho el 18 de octubre del 2009).

Como se ha observado, la participación ciudadana es consideraba por todos como un elemento importante de la seguridad, pues son los vecinos quienes conocen la realidad donde viven y pueden colaborar para solucionar los problemas de inseguridad que afecten a su comunidad.

5.12. Disponibilidad para participar

Las juntas vecinales de seguridad ciudadana afirman que la poca participación de los vecinos se explica, primero, por su mentalidad individualista. Sin embargo, también reconocen que ser una junta vecinal no es sencillo, no solo por la cuestión económica sino por el temor a las represalias de la delincuencia. Las juntas no cuentan con ningún seguro de vida a pesar del riesgoso y peligroso del trabajo que realizan.

“Por ejemplo, cuando compramos unos altoparlantes para el segundo sector de Canto Rey, nadie quería darnos su casa para ubicarlo porque decían si lo ponemos en mi casa nos van a tirar piedras, nos van a romper la luna. Hay tres factores: uno desconocimiento, dos es temor y tercero es la idiosincrasia que cada uno tenemos, me incluyo yo, de esperar a que otros nos solucionen nuestros problemas” (Coordinadora de las juntas vecinales Cía. Canto Rey, 54 años. Entrevistada en San Juan de Lurigancho el 15 de octubre del 2009).

“…lo que falta implementos en la oficina todas esas cosas, no me dejarán mentir los promotores, todo eso sale del coordinador general, del asesor, del promotor de seguridad ciudadana. Por eso, muchas veces, nosotros hemos pedido que tomen cartas en el asunto, a nivel de Estado, con un incentivo o un beneficio, algo. Realmente hay que tener buena fe para pertenecer a las juntas vecinales” (Asesor de las juntas vecinales Cía. 10 de Octubre, 62 años. Entrevistado en San Juan de Lurigancho el 13 de julio de 2009).

6. ¿Qué hemos encontrado?

1. El sentido de la participación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana es principalmente la vigilancia. Además, esta participación es un mecanismo tutelado por los intereses de la policía, quien no permite que la ciudadanía fiscalice su trabajo cuando es fundamental que lo haga y tampoco le rinde cuentas de su labor.


   La participación en tareas de seguridad ciudadana ha permitido que las juntas vecinales orienten sus acciones a través de nuevos conceptos como democracia, diálogo y respeto por los derechos de las personas. 


3.  La OPC debería convertirse en la cara visible de las comisarías, pues, a pesar de los límites descritos, realizan un trabajo de prevención del delito con el vecindario que no se da a través de la Municipalidad. El programa de la OPC requiere un mayor financiamiento y una nueva filosofía de trabajo para que las relaciones entre los efectivos policiales y los vecinos sean más horizontales.


Bibliografía

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YÉPEZ, Enrique: Seguridad ciudadana: 14 lecciones fundamentales. Lima: Instituto de Defensa Legal, 2004.




[1] Las juntas vecinales de seguridad ciudadana es una organización que promueve la Policía Nacional en cada comisaría del país. Si bien también existen juntas o comités vecinales en las municipalidades, por un tema de experiencia, se decidió analizar la participación de las juntas vecinales que apoyan la labor policial en San Juan de Lurigancho.
[2] LEAL, Francisco. “La Doctrina de Seguridad Nacional: Materialización de la Guerra Fría en América del Sur”. Revista de Estudios Sociales Nº 15, 2003. Documento electrónico.
[3] PATEMAN, Carole. Participation and democratic theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1970, capítulo 2 y 6. Citado por David Held, 1993, p. 311.
[4] DAMMERT, Lucía. “Participación comunitaria en prevención del delito en América Latina, ¿de qué participación hablamos?” Santiago: Centro de Estudios del Desarrollo (CED), 2003, documento electrónico.
[5] SMULOVITZ, Catalina. “Seguridad ciudadana: Comparando intervenciones en seis ciudades”. En, Alison Garland y Jessica Varat, Washington: Woodrow Wilson International Center, Latin American Special Report, agosto 2006, documento electrónico.
[6] Ciudad Nuestra. Primera Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2011. Lima: Ciudad Nuestra, 2011, documento electrónico.
[7] Ciudad Nuestra, 2011
[8] Se refiere a los delitos que realmente les ocurrieron a las personas entrevistadas. 
[9] GUSHIKEN, Alfonso; COSTA, Gino; ROMERO, Carlos y Catherine PRIVAT. ¿Quiénes son asesinad@s en Lima? ¿Cómo, cuándo y por qué? Lima: Ciudad Nuestra, primera edición, 2010, documento electrónico.
[10] Policía Nacional del Perú. Manual de Procedimientos para la Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana Promovidas por la Policía Nacional del Perú. Lima: PNP, 2008.
[11] IDL: Proyecto Piloto de Seguridad Ciudadana en San Juan de Lurigancho, documento electrónico.
[12] (C.V.C.S): Delito contra la vida, el cuerpo y la salud: lesiones, homicidio, aborto, entre otros.
[13] BASOMBRÍO, Carlos. Perú 2003: Inseguridad ciudadana y delito común. Percepciones y realidades. Lima: IDL, 2003, p. 6 – 8.
[14] FRÜHLING, Hugo. “La Policía Comunitaria en América Latina: un análisis basado en cuatro estudios de caso”. Calles más seguras. Estudios de policía comunitaria en América Latina, Hugo Frühling (editor), Washington: BID, 2004, p. 1 - 38.

[15] TANAKA, 2001.



* Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de San Marcos. Actualmente, analista política del foro Otra Mirada.

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